Comisiones parlamentarias buscan respuestas sobre la matanza de mineros y el polémico acuerdo con la constructora brasileña
El Congreso de la República estaría incrementando la presión sobre el Ministerio Público con dos citaciones de alto perfil programadas para hoy 19 de mayo. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría sido convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para responder sobre los hechos ocurridos en Pataz, donde 13 trabajadores mineros fueron asesinados. Mientras tanto, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, estaría citado para declarar ante la Comisión Investigadora Multipartidaria que revisa el acuerdo con Odebrecht.
Según fuentes del Congreso, Espinoza no asistiría a la citación, presuntamente por compromisos previos en su agenda. En su lugar, habría enviado representantes del Ministerio Público, lo que provocó la suspensión de la sesión tras el reclamo de varios parlamentarios que exigieron la presencia de la titular.
La fiscal de la Nación no solo tendría que responder por la matanza en Pataz, sino también por las actuaciones fiscales previas en la zona y la responsabilidad de las empresas mineras Poderosa y R&R. Adicionalmente, los congresistas estarían esperando explicaciones sobre las acciones adoptadas luego que investigaciones periodísticas revelaran que el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, habría participado en operaciones ilegales con mineros informales en Arequipa, así como las razones para desactivar las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y el VRAEM.
Por su parte, Rafael Vela acudiría ante la comisión presidida por Alejandro Muñante. El fiscal habría declarado desconocer las preguntas específicas que le formularán, pero advirtió que cuestionar el acuerdo con Odebrecht podría sentar un precedente negativo para la independencia de poderes.
«Estos acuerdos estarían aprobados por el Poder Judicial; habría sentencias que los avalan tras un proceso legal exhaustivo. Cuestionar lo que resuelven los jueces generaría una preocupación evidente, porque estaríamos hablando de una intervención parlamentaria que podría menoscabar la garantía de judicialidad», habría señalado Vela.
El desarrollo de ambas citaciones podría marcar un nuevo capítulo en las tensiones entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público, en medio de investigaciones de alto impacto político y social.
