«Ha sido una bofetada a todas las víctimas de violación de derechos humanos», declaró tras la ceremonia en Palacio
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lanzó duras críticas contra la promulgación de la Ley de Amnistía que habría beneficiado a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el período contrasubversivo de 1980 al 2000. La magistrada calificó la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno como «un insulto» a las víctimas.
En declaraciones a CNN en español, Espinoza expresó su indignación por la forma en que se habría llevado a cabo la promulgación de la norma. «Con toda pompa, con todo festejo. Realmente eso ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos», señaló la titular del Ministerio Público.
La fiscal reveló que la ley beneficiaría a aproximadamente 900 militares y policías que habrían estado procesados por cometer delitos durante la lucha contrasubversiva, incluyendo casos emblemáticos como Manta y Vilca. «Esta ley aprobada ayer es un golpe, es una bofetada a todas esas víctimas porque está amnistiando a procesados, a condenados, a todos», declaró.
Espinoza cuestionó duramente a la presidenta Dina Boluarte por no haber observado la norma cuando tuvo la oportunidad. «Tuvo una gran oportunidad la presidenta. Yo siempre soy respetuosa, pero cuando veo, como en este caso de la Ley de Amnistía, que ayer, con toda pompa, con todo festejo…», manifestó visiblemente molesta.
La magistrada argumentó que la ley sería inconstitucional y contravendría las convenciones internacionales a las que el Perú estaría sometido. «Va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido, está obligado a acatar, al SIDH, que es parte de nuestro derecho interno, está reconocido en nuestra Constitución», explicó.
Fiscalía anuncia acción de inconstitucionalidad
Por su parte, la fiscal superior coordinadora de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, anunció que solicitaría a la Fiscalía de la Nación presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley.
«Dicha norma resultaría jurídicamente inviable, vulneraría principios constitucionales esenciales y contravendría obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos», declaró Quico Palomino en un video difundido por el Ministerio Público.
La magistrada explicó que la decisión habría sido adoptada tras un análisis conjunto de los fiscales de los Subsistemas Especializados en Derechos Humanos e Interculturalidad, Terrorismo y delitos conexos. La ley obstaculizaría el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar graves violaciones a los derechos humanos.
La ceremonia de promulgación, realizada el miércoles en Palacio de Gobierno, habría contado con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes habrían impulsado la ley en el Parlamento.
Espinoza concluyó sus declaraciones advirtiendo que «en su momento las responsabilidades se van a ir dando, de todas maneras», y calificó a la jefa de Estado como quien «ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional».