Juez Checkley revoca comparecencia tras constatar incumplimiento de restricciones y riesgo de fuga
La justicia peruana habría dado un giro drástico en el caso contra la exministra Betssy Chávez Chino. El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, habría revocado la medida de comparecencia con restricciones que pesaba sobre la investigada y, en su lugar, ordenó 5 meses de prisión preventiva.
La disposición judicial incluiría su ubicación y captura inmediata, tanto a nivel nacional como internacional, lo que marcaría un punto de inflexión en el proceso que se encuentra en su etapa final de juicio oral.
Incumplimientos que precipitaron la decisión
Según la resolución judicial, la exfuncionaria habría incumplido sistemáticamente con las restricciones impuestas por el despacho del magistrado. Entre las faltas más graves estarían el no presentarse al control biométrico cada siete días, tal como se le había ordenado, y su ausencia reiterada en las citaciones judicales programadas.
El juez Checkley habría señalado que la defensa legal de Chávez Chino no proporcionó información relevante ni justificaciones suficientes sobre estos incumplimientos durante las audiencias correspondientes. Además, el magistrado consideró que el plazo de 5 meses solicitado por la Fiscalía sería «proporcional y razonable», considerando que el juicio oral estaría próximo a concluir.
El factor asilo: riesgo evidente de fuga
Uno de los aspectos más determinantes en la resolución habría sido el asilo político que Betssy Chávez solicitó y obtuvo en la embajada de México. Para el juez Checkley, esta acción no solo demostraría que el proceso judicial cuenta con todas las garantías de ley, sino que «el peligro de fuga es palpable y el riesgo de frustración del juicio oral resulta evidente».
El magistrado enfatizó que, desde el inicio del proceso, la Corte Suprema de Justicia habría advertido sobre la existencia de un peligro latente de fuga y obstaculización por parte de la investigada. Precisamente por esta razón, se le había impuesto inicialmente prisión preventiva, medida que posteriormente fue cambiada por comparecencia con restricciones.
«El incumplimiento de las reglas de conducta no es la principal razón por la que se revoca la comparecencia», habría aclarado el juez, añadiendo que existen otras circunstancias que se suman a esta decisión, siendo el asilo en la sede diplomática mexicana el elemento más significativo.
Salvoconducto en suspenso: el juego diplomático
Actualmente, la exministra permanecería en la residencia de la embajada de México esperando que el Gobierno peruano, encabezado por José Jerí en la Cancillería, otorgue el salvoconducto que le permitiría abandonar el territorio nacional. Sin embargo, el Ejecutivo peruano no estaría dispuesto a ceder fácilmente ante esta situación.
El canciller Jerí habría expresado públicamente que «el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos». En ese sentido, el Gobierno peruano estaría consultando con otros países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar la posibilidad de «adecuar» la Convención de Caracas de 1954 «a la realidad de hoy».
«Yo ya inicié las consultas, he tenido varias reuniones ahora, probablemente como máximo, diría yo, a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere», habría declarado el canciller a la prensa nacional.
¿Qué sigue en este caso?
Con la orden de captura vigente, las autoridades peruanas tendrían la facultad de detener a Betssy Chávez en cuanto abandone la sede diplomática mexicana. Sin embargo, si el salvoconducto finalmente se otorga, la exministra podría salir del país antes de que se ejecute la medida de prisión preventiva.
El caso habría generado un debate sobre los límites del asilo político en democracias funcionales y el uso de este mecanismo por parte de funcionarios investigados por presuntos actos de corrupción. La decisión del Poder Judicial enviaría un mensaje contundente sobre la aplicación de la ley sin distinción de cargos o conexiones políticas.
Mientras tanto, el juicio oral continúa su curso y la justicia peruana espera poder concluir este proceso con todas las garantías del debido proceso, independientemente de la ubicación física de la procesada.