La injusticia más obscena del sistema pensionario peruano revela cómo «cédula viva» permitiría que investigados por terrorismo y condenados por corrupción disfruten privilegios que ningún trabajador honesto tiene
El reportaje de China Polo Dominical revela una de las injusticias más descaradas y obscenas que un sistema político pueda perpetrar contra su pueblo: mientras más de un millón de jubilados luchan desesperadamente por sobrevivir con pensiones que no alcanzan ni la mitad del sueldo mínimo, los excongresistas presuntamente disfrutan de pensiones generosas que ellos mismos crearon para beneficiar su propio bolsillo.
La investigación documenta cómo el caso de René Villegas Vargas resume la tragedia de millones de peruanos: tras aportar religiosamente durante 20 años al sistema pensionario, recibe apenas 575 soles mensuales. «¿Qué va a alcanzar? A mi edad no me dan trabajo. Por mi edad me rechazan», lamenta este trabajador honesto que dedicó décadas de su vida a construir el país.
La realidad de los excongresistas habría sido completamente diferente. Gracias al régimen de «cédula viva», estos «padres de la patria» presuntamente se llevarían sumas exorbitantes que constituyen una burla a la justicia y una clara muestra del cinismo de un sistema que premiaría a quienes menos lo merecen.
Los privilegiados de la corrupción
La investigación de China Polo Dominical identifica entre los beneficiarios de estas pensiones doradas a personajes que deberían avergonzar a cualquier democracia. José Anaya Oropesa, el excongresista de UPP conocido como «come pollo», no solo se beneficiaría de una pensión mensual de 7,322 soles gracias a la cédula viva, sino que su nombre quedaría irremediablemente marcado por la corrupción.
A pesar de haber sido condenado a 5 años de prisión efectiva por falsificación de documentos adulterados, el llamado «come pollo» presuntamente seguiría disfrutando de los privilegios que se otorgan los políticos impunes, mientras la justicia parecería haberse olvidado de él. Anaya, tras presentar boletas adulteradas como parte de supuestos gastos operativos, habría intentado justificar el consumo de pollo a la brasa en un restaurante con cifras que superaban los 1,000 soles, en un burdo intento de burlarse del erario público.
El reportaje también expone el caso de la excongresista Gloria Helfer, quien se llevaría más de 5,000 soles mensuales de jubilación. Helfer, cuya detención en 1981 por terrorismo quedó en el olvido, también habría sido investigada por la fiscalía por contratos irregulares con el Estado a través de su ONG Educa por más de un millón de soles.
El régimen de la impunidad
Estos beneficios obscenos provendrían del régimen pensionario 2530, una creación del gobierno de Velasco Alvarado que habría permitido a los exfuncionarios jubilarse con una pensión equivalente a su último sueldo sin importar su desempeño o historial. El colmo de la impunidad institucionalizada.
Aunque el gobierno de Alejandro Toledo habría intentado poner un freno a este desatino en 2004, limitando la incorporación de nuevos beneficiarios y estableciendo un tope de 2 UIT para las pensiones, las reformas no habrían logrado resolver la grave injusticia. Mientras tanto, las pensiones millonarias de algunos «expadres de la patria» seguirían intactas, perpetuando un sistema de privilegios que parecería no conocer fin.
La cruda realidad de los trabajadores honestos
En contraste, la situación de los jubilados comunes constituye un drama nacional. Javier Cinche, quien aportó durante 36 años a la ONP, recibe apenas 870 soles mensuales. «Aporté más de 36 años, desgraciadamente estaba aportando a la ley 19990 que es ONP. El sueldo máximo de jubilación es 893, pero por la cantidad de años que he aportado solamente me dan 870 soles. Encima me descuentan el 5% para salud», relata con amargura.
Un profesor jubilado, tras más de 35 años de servicio educativo, recibe apenas 850 soles de la ONP. «Es un insulto a los profesores que hemos trabajado tantos años, hemos dado a la educación de los niños y ahora estamos mendigando con una cantidad paupérrima. Los congresistas son sinvergüenzas, cara duras. No piensan en la educación de los niños. Realmente ellos están ganando más. Estos desgraciados, no sé cómo entrarán al cielo», expresó con indignación.
Un sistema que premia la corrupción
Según expertos consultados, en el país existiría una inequidad flagrante sobre lo que perciben servidores públicos de cualquier institución del Estado versus lo que estarían percibiendo funcionarios del Congreso de la República, con un beneficio evidentemente desproporcional.
«Es obsceno y grosero en un país con tantas necesidades, cuando la mayoría de pensionistas reciben un promedio de 300 a 400 soles mensuales. ¿Qué corona tienen los excongresistas o los trabajadores del parlamento para que ellos tengan ese tipo de privilegio que se está continuando ya durante varias décadas?», cuestionan los especialistas.
La pugna por controlar la mesa directiva del Congreso respondería precisamente a estos intereses económicos, ya que sería ahí donde se tomarían las decisiones respecto a atribuciones como la autonomía presupuestal. «Aquí no hay integridad, aquí no hay probidad, aquí no hay responsabilidad y ética en el manejo de los recursos públicos», sentenciaron.
La necesidad urgente de reformas
Más de un millón de jubilados se enfrentarían a la indiferencia de un grupo de políticos que se habrían aprovechado de su cargo para obtener privilegios y vivir a costa de todos los peruanos. Mientras tanto, el debate sobre la reforma del sistema pensionario sigue postergándose, y los verdaderos trabajadores del país continúan abandonados por un Estado que parecería existir solo para servir a los corruptos.
Esta situación constituiría no solo una injusticia social, sino también una afrenta moral que debería avergonzar a cualquier sociedad que se precie de democrática. La pregunta que queda es hasta cuándo el pueblo peruano seguirá tolerando que quienes deberían servir al país terminen sirviéndose de él.