El escándalo que sacude los cimientos de la justicia peruana
La resolución con la que se habría intentado reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación estaría viciada desde su origen. Así lo revelaría la renuncia de la secretaria general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Giovanna Díaz, quien debía estar presente, según la ley, para certificar la legalidad del acta firmada durante la sesión del 9 de junio.
El documento habría sido firmado únicamente por los seis consejeros que participaron en dicha sesión reservada, encabezada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos. Díaz habría dejado constancia de que no fue convocada a dicha sesión, por lo que el acta no contaría con su firma ni con la «convocatoria» previa, una notificación formal indispensable para garantizar la validez de las decisiones institucionales.
Los consejeros habrían firmado el acta días después, cuando ya se había desatado el escándalo por la reposición de Benavides. La sesión fue calificada como extraordinaria, pero para declarar una nulidad de oficio, como se hizo con el procedimiento disciplinario de Benavides, el reglamento exigiría que la decisión sea adoptada en una sesión ordinaria.
Numeración sospechosa y acta tardía
El acta aparece registrada como sesión «061-01» con fecha del 9 de junio. Sin embargo, fuentes cercanas a la JNJ afirmarían que este número se asignó días después de esa fecha. Cuando estalló el escándalo y se solicitó el acta de votación, recién se habría preparado ese documento el lunes 16 de julio.
Inicialmente, se habría planificado sacar acta con la numeración 61-A, pero finalmente quedó en 61-1, lo que evidenciaría la improvisación y irregularidad del proceso.
Secretaría ausente, acta sin validez
De acuerdo con el reglamento interno de la JNJ, toda sesión que implique resoluciones debe contar con la presencia y firma de la secretaria general, única funcionaria autorizada para certificar la validez de las actas. Su ausencia dejaría sin sustento jurídico el documento que restituye a Patricia Benavides.
La secretaria Giovanna Díaz renunció a su cargo el 16 de junio, fecha en la que habrían intentado presionarla para que dé validez legal al acta de una sesión en la que no había intervenido. En su carta de dimisión habría dejado constancia de que no fue convocada ni informada con la debida anticipación.
Más irregularidades al descubierto
La exclusión de Díaz no habría sido la única irregularidad. La ausencia de la firma de Francisco Távara, miembro de la JNJ, también evidenciaría la ilegalidad del documento. Según un consejero, cuya identidad se mantiene en reserva, el pasado 24 de junio habría recibido documentos sobre Benavides en un ascensor, sin firma ni sello.
El acta firmada con fecha posterior no daría detalles del debate y discusión que caracteriza estas sesiones, limitándose a indicar participantes y acuerdos tomados. Este procedimiento irregular se evidenciaría también en la numeración creada para justificar retroactivamente una decisión que ya estaba tomada.
La nulidad de oficio, adoptada en condiciones irregulares, se convertiría en un argumento más para cuestionar no solo el fondo de la decisión, sino también su forma, comprometiendo potencialmente a los miembros firmantes.
