Parlamentarios exigen separación del cargo por contar con condena firme por maltrato psicológico a su exesposa
Los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña presentaron una solicitud formal a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, para que se inicie el proceso de separación del cargo de Gino Ríos Patio, quien actualmente se desempeñaría como presidente de dicha institución.
La razón del pedido sería que Ríos Patio tendría una sentencia condenatoria firme por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico contra su exesposa, situación que lo colocaría en causal de vacancia según la normativa vigente.
Los parlamentarios fundamentaron su solicitud en los artículos 11, 13 y 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y citaron como precedente un caso similar que habría ocurrido recientemente.
«A través de la Resolución N° 149-2025-JNJ de fecha 11 de abril de 2025, ratificada por Resolución N° 172-2025-JNJ de fecha 08 de mayo de 2025, se habría dispuesto la vacancia del señor Rafael Manuel Ruíz Hidalgo, en aplicación de los artículos 11 y 18 de la Ley Orgánica de la Junta, por similares fundamentos», indica el oficio presentado.
Con esta solicitud, los legisladores buscarían garantizar «la institucionalidad y el adecuado funcionamiento de la entidad encargada de nombrar, ratificar, evaluar y destituir a los jueces y fiscales de nuestro país, la cual no podría ser presidida por una persona que incumpliría los requisitos mínimos para acceder al cargo que ostenta».
Marco legal que sustenta la solicitud
El pedido de vacancia se basaría en tres artículos específicos de la Ley Orgánica de la JNJ:
Artículo 11: Establece que estarían impedidos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia «los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso» y «los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes».
Artículo 18: Indica que el miembro de la JNJ vacaría por «tener resolución judicial firme condenatoria por delito común» y «por haber sentencia firme por delito de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar».
Artículo 13: Determina que «si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procedería a su separación por vacancia».
Especialista exige investigación más amplia
Cruz Silva, abogada especialista en temas de magistratura y miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que la solicitud de vacancia no sería suficiente y exhortó a iniciar una investigación más profunda.
«Lo que deberían hacer los congresistas es denunciar constitucionalmente primero a Javier Arévalo Vela (expresidente del Poder Judicial), quien habría sido el que entrevistó a Gino Ríos. Se debería averiguar si, en ese momento, Arévalo no daba información real sobre los antecedentes de los postulantes. También se debería denunciar constitucionalmente al propio defensor del Pueblo, que sería quien dirige el proceso de selección», explicó Silva a La República.
La especialista resaltó que el problema base sería la falta de rendición de cuentas a los integrantes de la Comisión Especial de Selección de la Junta, considerando que, contando la separación de Rafael Ruiz, con lo de Ríos ya serían dos sentencias que habrían sido obviadas por la Comisión.
«Esto evidenciaría que el proceso de selección estuvo bastante mal, que debió repetirse», añadió Silva.
Rechazo a declaraciones del Defensor del Pueblo
Silva también rechazó las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien habría calificado de «tema familiar» la sentencia por violencia familiar.
«Lo que estaría haciendo el defensor es anteponer un discurso legalista y formalista respecto de principios y de derechos fundamentales. El impacto que tendría, no solamente para la exesposa de Gino Ríos, sino para todas las mujeres violentadas, es que no importaría la violencia y que tarde o temprano sus agresores estarían incluso dirigiendo instituciones claves del sistema de justicia», señaló la especialista.
La abogada consideró que el argumento del defensor sería «inválido, incorrecto e incompleto jurídicamente hablando».
Esta situación generaría una nueva crisis en la Junta Nacional de Justicia, institución que ya habría enfrentado varios escándalos que pondrían en riesgo la independencia del sistema de justicia peruano.