Se repite la historia: Fiscales que investigan a altos funcionarios son apartadas de sus despachos en medio de polémica reorganización
Una resolución publicada en El Peruano el viernes 31 de octubre de 2025 habría encendido las alarmas en el sistema de justicia peruano. La fiscal suprema provisional Carolina Delgado Manrique, reconocida por su trayectoria anticorrupción en Sullana, habría sido removida de su cargo en la Segunda Fiscalía Suprema Penal de la Fiscalía Superior Mixta de Sullana, precisamente cuando investigaba al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, en un caso relacionado con la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.
El caso habría generado comparaciones inmediatas con el antecedente de la fiscal Revilla, quien fuera separada de su despacho por investigar a la hermana de la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahora, la historia parecería repetirse con un patrón similar que estaría generando cuestionamientos sobre la autonomía del Ministerio Público.
La resolución de Gálvez no solo habría afectado a Delgado Manrique. Simultáneamente, la fiscal adjunta suprema Alejandra María Cárdenas Ávila también habría sido cesada de su cargo en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa. Cárdenas era conocida por investigar casos relacionados con Patricia Benavides y su hermana Emma Benavides.
Ambas fiscales contarían con reconocimiento en el Ministerio Público por su rectitud profesional. Particularmente, Carolina Delgado habría sido distinguida en Sullana por su firme lucha contra la corrupción, lo que habría dado mayor relevancia a su remoción en este momento crítico.
La reorganización judicial también habría incluido otros nombramientos estratégicos. Elena Carolina Cárdenas Cárdenas fue designada como fiscal suprema provisional en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Mientras que Frida Bricelda Borjas Roa asumiría como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Sullana, en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelación de Sullana.
La resolución, que entraría en vigor a partir del 27 de octubre de 2025, habría generado interrogantes sobre el momento y las razones detrás de estos cambios en fiscalías clave que investigaban casos de alto perfil relacionados con presunta corrupción de funcionarios.
Según la normativa citada, estos movimientos se habrían realizado en conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras disposiciones legales vigentes, aunque los cuestionamientos sobre el timing de estas decisiones no se habrían hecho esperar en círculos judiciales y de la sociedad civil.