Defensor del Pueblo admite que requisitoriados tienen protección durante jornada electoral
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, soltó la bomba que nadie quería escuchar pero todos sospechaban: Vladimir Cerrón podría presentarse a votar en las próximas elecciones y salir caminando como si nada, sin que la Policía pueda ponerle una mano encima. ¿El responsable? Un absurdo vacío legal que convierte los días de elecciones en zona libre para prófugos.
«Existe una ley orgánica de elecciones que dice que no se puede detener a ninguna persona requisitoriada», soltó Gutiérrez en entrevista radial, confirmando lo que ya era un secreto a voces: la justicia peruana tiene más huecos que un queso suizo.
El titular de la Defensoría se apresuró a aclarar que la culpa no es de los policías que hacen lo que pueden con las manos atadas. «La Policía hace su trabajo en función de lo que dice la ley», explicó, dejando claro que el problema está en el marco legal que protege más a los delincuentes que a los ciudadanos de bien.
Gutiérrez intentó hacerse el neutral y evitar personalizar el asunto, pero francamente, señores y señoras, ¿a quién creen que están engañando? «Yo no quiero personificar ninguna presión de ningún personaje, porque me debo al carácter de la neutralidad», declaró, aunque todos sabemos perfectamente que estamos hablando del prófugo más buscado del país: Vladimir Cerrón.
UNA PROPUESTA QUE SUENA A BURLA
Ante semejante escándalo jurídico, el defensor del Pueblo no se quedó callado y lanzó una propuesta que, siendo honestos, suena casi como una broma de mal gusto: que los requisitoriados voten primero y sean detenidos después. Sí, leyeron bien. Como quien dice «vota tranquilo que ya te agarraremos… tal vez».
«Claro que no se le afecte su derecho a votación, pero sí se le debe detener», explicó Gutiérrez, vendiendo su plan como si fuera la solución perfecta al problema. Según él, primero se garantiza el sagrado derecho al voto y luego, cuando ya se fueron a su casa, recién ahí se ejecuta la orden de captura. Brillante, ¿no?
El funcionario también exigió que se le den más herramientas a la Policía Nacional para que pueda hacer su trabajo sin estas ridículas limitaciones legales. «Debemos darle las herramientas a la PNP para que cumpla su deber», sentenció, reconociendo indirectamente que la institución policial está maniatada por leyes que favorecen a los que huyen de la justicia.
Todo este circo se desata justo cuando Vladimir Cerrón lleva meses burlándose del sistema judicial peruano con una orden de captura que parece más decorativa que funcional. La posibilidad de que pueda aparecer tranquilamente en un local de votación sin consecuencias ha destapado la caja de pandora de un debate que muchos creían superado: ¿hasta dónde llegan los derechos de un ciudadano cuando tiene una orden judicial pendiente?
Lo que nadie puede negar es que mientras el Congreso siga sin hacer nada para tapar este hueco legal, Cerrón y cualquier otro requisitoriado podrán darse el lujo de pasearse por las mesas electorales como si fueran ciudadanos ejemplares, mientras las autoridades los miran pasar sin poder mover un dedo.
La pregunta del millón es si al Congreso realmente le importa cerrar estos vacíos legales o si prefieren seguir con el show de la justicia peruana siendo la burla internacional. Mientras tanto, Vladimir Cerrón debe estar frotándose las manos desde su escondite, calculando ya cuál será su mesa de votación y qué ruta tomará para entrar y salir sin problemas.
La pelota, señores y señoras, está en la cancha del Congreso. Veremos si tienen el coraje de cambiar esta vergonzosa ley o si seguirán permitiendo que los prófugos de la justicia tengan más privilegios que los ciudadanos honestos. Hasta ahora, las apuestas no son muy optimistas.