Documentos de la PNP revelan intervenciones por auto con orden de captura y agresión verbal a uniformados
Señores y señoras, el derecho a conocer quién busca gobernar el país no es negociable. Ronald Atencio, quien hoy postula a la presidencia con la alianza izquierdista Venceremos, enfrenta cuestionamientos serios sobre su pasado. Partes policiales obtenidos por un medio limeño exponen dos episodios que comprometen su imagen: una detención por conducir un vehículo con requisitoria por robo agravado y otra por faltar el respeto a efectivos de la Policía Nacional.
Auto con orden de captura: la versión que no cierra
La tarde del 20 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 5:15 p.m., agentes motorizados de la PNP detuvieron a Ronald Atencio en el kilómetro 35 de la Carretera Central, distrito de Chosica. El hoy aspirante presidencial manejaba una camioneta Hyundai H-1 de color blanco, placa D5Q-509, que al ser consultada en los sistemas policiales arrojó una alerta: orden de captura vigente por robo agravado.
La requisitoria del vehículo se generó el 4 de octubre de 2016 desde la Comisaría de Canto Rey, ubicada en San Juan de Lurigancho. El suboficial Olshen Mamani Valencia, encargado de la intervención, procedió según protocolo: detención del conductor, incautación del vehículo con llaves y tarjeta de propiedad, y traslado a la comisaría del sector.
Consultado sobre los hechos, Atencio asegura que todo obedece a un presunto caso de clonación de placas. Según su versión, la camioneta pertenecía a una clienta suya, identificada como María Vega Pando, quien se la prestó para realizar diligencias profesionales. El abogado añade que la Fiscalía ordenó levantar la orden de captura del auto, pero que el trámite administrativo no se completó en el sistema de la Diprove debido a la falta de informatización de esa época.
«Entre que la policía elabora el oficio de levantamiento, lo envía a la Diprove y actualizan el sistema, pasó tiempo. Por eso me intervienen», explicó.
Sin embargo, hay datos que no encajan en su relato. Atencio admite que usaba ese vehículo con frecuencia para trasladarse a comisarías y realizar encargos de su clienta. Pero el día de la intervención no venía de ninguna diligencia legal: regresaba del club de esparcimiento del Colegio de Abogados en Chosica. Un detalle que él mismo reconoce.
Además, los registros policiales indican que esa misma camioneta tenía una denuncia previa por robo del año 2014 y estaba vinculada a un proceso por apropiación ilícita. Ninguno de estos antecedentes aparece mencionado en la versión oficial que brinda el candidato. Los documentos policiales no incluyen referencias a levantamientos de órdenes ni resoluciones fiscales que respalden su explicación.
Insultos en el aeropuerto: «Le dije inepto»
El 21 de septiembre de 2015, un año antes del episodio en Chosica, Ronald Atencio protagonizó otro incidente con la autoridad policial. Esta vez, en la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Atencio llegó a la dependencia para reportar el extravío de su billetera. Hasta ahí, nada fuera de lo común. El problema surgió cuando, al retirarse, comenzó a insultar al suboficial Edson Noriega Cáceres, quien cumplía funciones de vigilancia en el acceso principal.
Según el parte policial, pese a las advertencias de los uniformados, el abogado persistió en su actitud agresiva, profiriendo «palabras subidas de tono» contra los efectivos presentes. La situación escaló al punto de que fue necesario conducirlo al Departamento de Delitos para abrir las diligencias correspondientes. El cargo: insultos a personal policial correctamente uniformado y en ejercicio de funciones.
Atencio no niega los hechos, pero intenta minimizarlos. «Le dije inepto… Ni siquiera es un delito. Se tramitó como falta. El policía se sintió ofendido por lo que le dije», comenta con naturalidad.
El candidato justifica su reacción argumentando que la atención a su denuncia fue deficiente. Respecto al desenlace del caso, sus respuestas son vagas: «Creo que alguna vez me llegó un documento de archivo. Han pasado tantos años, tantos casos… Si mal no recuerdo, me llegó en algún momento una resolución». No aporta documentos ni fechas concretas que confirmen el archivo.
El vínculo con la tala ilegal: el abogado del empresario de la lista roja
Pero los cuestionamientos a Ronald Atencio no terminan en las dos intervenciones policiales. Su trayectoria profesional también presenta zonas grises. En 2012, ejerció como abogado defensor y asesor de César Villalobos Panduro, un empresario maderero que dos años después aparecería en la lista roja del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Documentos fiscales muestran que Atencio representó a Villalobos en un proceso penal por falsificación de documentos que se tramitó en el 40° Juzgado Penal con Reos Libres. Su rol incluyó tramitar y custodiar un certificado de depósito judicial. Ese certificado, bajo su responsabilidad, terminó extraviándose. Un hecho que el propio abogado reconoce.
¿Quién es César Villalobos Panduro? En 2014, Osinfor lo incluyó en su lista roja por múltiples infracciones: extracciones forestales sin autorización, operaciones fuera de las áreas permitidas y facilitación de la comercialización de madera de origen ilegal. Actualmente, enfrenta investigaciones abiertas en Ucayali por delitos ambientales contra los bosques, además de un proceso por falsedad documentaria en agravio del Estado que se sigue en Lima.
Atencio confirma que defendió a Villalobos y que denunció ante las autoridades la pérdida del certificado judicial. Sin embargo, cuando se le pregunta por detalles, su memoria falla: «No recuerdo mucho de este caso», responde. También admite que brindó asesoría legal al empresario en un tema de indemnización relacionada con concesiones forestales. La conexión entre ambos, según explica, viene de la época universitaria en Pucallpa.
Preguntas sin respuestas claras
Señores y señoras, cuando un ciudadano aspira a la más alta magistratura del país, su trayectoria debe poder resistir el escrutinio público. El caso de Ronald Atencio plantea interrogantes legítimas que la población merece que se aclaren:
¿Por qué conducía un vehículo con orden de captura por robo agravado si, según él, sabía que la Fiscalía ya había levantado la medida? ¿Por qué ese mismo auto acumulaba denuncias previas por robo y apropiación ilícita? ¿Es aceptable que alguien que busca liderar el país tenga en su historial insultos a policías en servicio? ¿Qué ocurrió realmente con el certificado judicial que estaba bajo su custodia en el caso del empresario de la lista roja de Osinfor?
Las explicaciones entregadas hasta ahora no cierran. Son incompletas, vagas o directamente contradichas por los documentos oficiales. El pueblo peruano no firma un contrato de cinco años a ciegas. Exige transparencia total, no medias verdades ni versiones convenientes.
Esta boca no la calla nadie cuando está en juego el derecho ciudadano a elegir con información completa y verificable.