Los postulantes estarán exentos de transparentar sus vínculos económicos tras modificación legal aprobada en 2024
Las elecciones generales de 2026 marcarían un retroceso significativo en materia de transparencia electoral. Los candidatos a cargos de elección popular ya no estarían obligados a presentar su Declaración Jurada de Intereses (DJI) antes de postular, tras la entrada en vigencia de la Ley 32058 que habría modificado la legislación electoral.
Este cambio no respondería a una decisión técnica de la Contraloría General, sino al cumplimiento estricto de una norma que habría sido aprobada por el Congreso en junio de 2024. La modificación habría eliminado específicamente la obligación para los candidatos, dejando a los ciudadanos sin acceso a información crucial sobre posibles conflictos de interés.
La Ley 31227, vigente desde 2021, exigía que tanto funcionarios como candidatos entregaran su DJI como requisito previo para ejercer o postular a un cargo público. Esta herramienta tenía carácter preventivo y buscaba detectar conflictos de interés antes de que los aspirantes accedieran al poder. La Contraloría estaba encargada de su implementación y supervisión.
Sin embargo, la Ley 32058 habría modificado también la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, dejando fuera del control preventivo a los postulantes. De esta forma, los ciudadanos ya no podrían conocer vínculos económicos, laborales o familiares que podrían interferir en el ejercicio futuro de sus funciones.
Ante esta situación, la Contraloría habría aprobado la Resolución N.° 295-2025-CG, publicada el 15 de julio del 2025 en el diario oficial El Peruano. Con este documento, se habría eliminado del reglamento todo lo relacionado a los candidatos: artículos, anexos y formatos específicos.
Contraloría: «Cumplimos con el mandato legal»
De acuerdo a información que habría sido obtenida por fuentes de la Contraloría, la institución no tendría facultad para ignorar o revertir lo que aprueba el Congreso. La Ley N.° 31227 habría sido modificada expresamente por el Legislativo, y con ello, la obligación de los candidatos a presentar su DJI habría desaparecido del marco legal vigente.
«Nosotros no podemos observar una ley. Si el Congreso dice que se elimine, la Contraloría tiene que eliminarlo del reglamento. No promovemos leyes, solo las reglamentamos», habría explicado una fuente del órgano de control. En ese sentido, se habría retirado el formato y los anexos correspondientes a los candidatos a elección popular del Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses.
Desde la institución también se habría advertido el riesgo de que las próximas elecciones se desarrollen bajo una norma sin reglamentación clara. La Contraloría se habría adelantado a actualizar su normativa interna para evitar vacíos legales.