Tribunal electoral revierte decisión que lo inhabilitaba y ahora hermano del expresidente Martín Vizcarra tendrá vía libre al Congreso
Una sentencia por peculado del año 2005 no habría sido suficiente obstáculo para que Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, busque un escaño en el Senado de la República. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio luz verde a su candidatura tras declarar fundada la apelación que presentó el partido Perú Primero.
La historia comenzó cuando el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 rechazó inicialmente su inscripción, argumentando que su condena por peculado lo inhabilitaba para ejercer cargos públicos. Pero el partido de Vizcarra no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso a una instancia superior.
El pasado jueves 22 de enero se realizó la audiencia que definiría el futuro político del hermano del exmandatario. Los magistrados deliberaron y el resultado favoreció ampliamente a Vizcarra. El tribunal electoral publicará en los próximos días el documento con los fundamentos legales que respaldan esta polémica decisión.
Doble juego: Presidencia y Senado garantizados
La jugada política de Mario Vizcarra estaría perfectamente calculada. Si no logra llegar a Palacio de Gobierno como presidente, tendría asegurado un lugar en el Senado. Ambas puertas están abiertas para él después de que el JNE decidiera no aplicar la Ley 30717, aquella norma que cerraba el camino a condenados por corrupción, incluso si habían sido rehabilitados.
El patrón se repite. La misma estrategia legal que le permitió postular a la Presidencia ahora le garantiza su ingreso al Legislativo. El tribunal electoral habría encontrado la fórmula para sortear las restricciones que el Congreso estableció hace años.
¿Cómo justifica el JNE esta decisión?
El tribunal electoral habría fundamentado su fallo en dos pilares: el derecho a la participación política y lo que denominan «principio de resocialización». Según esta interpretación, cualquier ciudadano merecería una segunda oportunidad en la vida pública, sin importar sus antecedentes penales.
La resolución del Pleno señala expresamente que procedería «inaplicar el impedimento previsto en el literal j del artículo 107 de la Ley Orgánica Electoral», aquel artículo que fue modificado por la Ley 30717. Esta decisión estaría alineada con anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional que favorecieron a otros candidatos en situaciones similares.
Pero hay más. El JNE habría identificado un problema grave en la legislación electoral peruana: la falta de criterios uniformes. En su fallo, el tribunal señala que existen contradicciones entre diferentes leyes del Congreso. Mientras algunas normas exigen que el delito sea doloso, otras no hacen esta distinción. Algunas leyes mencionan tanto a autores como cómplices, otras solo a autores. Y lo más grave: hay leyes que hablan de sentencias consentidas o ejecutoriadas, mientras otras se refieren a sentencias de primera instancia, e incluso algunas incluyen a personas rehabilitadas.
Esta confusión legislativa habría sido aprovechada por el JNE para justificar su decisión. El tribunal electoral incluso se permitió hacer un llamado al Parlamento para que establezca «parámetros uniformes» en las leyes electorales.
Nueva regla: 10 años sin postular después de cumplir condena
Entre los aspectos más llamativos del fallo está una disposición que afectaría a futuros candidatos. El JNE establece que las personas condenadas por corrupción o terrorismo deberán esperar 10 años después de cumplir su pena antes de poder postular a cargos de elección popular.
Esta medida aplicaría tanto para quienes cumplieron prisión efectiva como para aquellos que recibieron penas suspendidas. El reloj de los 10 años comenzaría a correr solo después de terminar completamente la condena.
Adicionalmente, el JNE mantiene dos requisitos que ya existían: el pago completo de la reparación civil y la obtención del certificado de rehabilitación emitido por el Poder Judicial. Sin estos documentos, ningún condenado podría ser inscrito como candidato.
Cuatro contra uno: así se dividió el voto
La decisión del JNE no fue unánime. Cuatro magistrados levantaron la mano a favor de Mario Vizcarra: Roberto Burneo, quien preside el tribunal electoral; Willy Ramírez; Rubén Torres; y Aaron Oyarce. Esta mayoría resultó suficiente para revertir la decisión del jurado electoral especial.
Solo una voz se opuso. Martha Maisch, magistrada representante del Ministerio Público ante el JNE, votó en contra de habilitar la candidatura. Su voto singular quedará registrado en la resolución oficial que se publicará próximamente.
Esta división en el tribunal electoral revela que la habilitación de Vizcarra no es un tema cerrado en términos jurídicos. La magistra Maisch habría encontrado argumentos suficientes para considerar que la condena por peculado sí debería impedir su postulación.
Señores y señoras, una vez más estamos siendo testigos de cómo funciona el sistema en nuestro país. Las leyes parecen tener interpretaciones distintas dependiendo de quién las necesite. ¿Es esto lo que merecemos como ciudadanos? ¿Ustedes votarían por alguien condenado por peculado? Esta boca no la calla nadie para hacer estas preguntas incómodas.