La presidenta habría omitido deliberadamente a la fiscal de la Nación en reunión clave contra la minería ilegal
La presidenta Dina Boluarte habría liderado este lunes una mesa de trabajo sobre formalización minera, pero presuntamente excluyó de manera deliberada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a representantes del Ministerio Público. Esta decisión habría generado preocupación institucional y sospechas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo en la lucha contra la minería ilegal.
Pese a que combatir este delito requeriría una acción coordinada entre todas las instituciones del Estado, solo habrían sido convocadas autoridades del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. La exclusión de Espinoza resultaría especialmente llamativa, considerando que el Ministerio Público estaría liderando investigaciones cruciales contra mafias vinculadas a la minería ilegal en zonas críticas como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
La omisión habría sido interpretada como una posible represalia del Ejecutivo ante las acciones recientes del Ministerio Público. Delia Espinoza habría impulsado múltiples investigaciones contra funcionarios del gobierno desde que asumió el cargo de forma interina, lo que podría haber generado molestia en Palacio de Gobierno.
Espinoza responde con carta contundente
Tras notar su exclusión, la fiscal de la Nación habría enviado un oficio directo a Boluarte expresando su sorpresa y preocupación. En el documento, Espinoza habría advertido que excluir al Ministerio Público de estos espacios representaría un riesgo para la eficacia y legitimidad de las políticas públicas.
«Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular», habría declarado la fiscal, recordando que forma parte de la Comisión Multisectorial encargada del seguimiento a la formalización minera.
Congreso pide corrección
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, habría pedido al Ejecutivo corregir esta exclusión, señalando que la participación del Ministerio Público sería indispensable para enfrentar las actividades ilegales. «Debería invitarse, tiene que estar en una situación donde también hay actividades ilegales, espero se corrija», habría declarado el congresista.
La mesa de trabajo habría sido organizada en respuesta a protestas de mineros artesanales en distintas regiones del país, pero la ausencia del ente investigador habría dejado un vacío institucional preocupante en la lucha contra este flagelo.