Especialistas advierten que la medida vulneraría el Código de Ética de la Función Pública y abriría la puerta a conflictos de interés
La controversia estalló cuando Palacio de Gobierno habría flexibilizado las reglas sobre los regalos que podría recibir la presidenta Dina Boluarte. La medida, que habría sido defendida públicamente por dos ministros de Estado, estaría generando fuertes críticas de especialistas en transparencia y ética pública.
Los ministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Juan Alcántara (Justicia) habrían salido a defender la polémica directiva el lunes 21. Sandoval habría afirmado desde Chiclayo que la norma se referiría únicamente a «obsequios que la población tiene por costumbre entregar a las autoridades como reconocimiento» y que todo estaría «transparentado» legalmente.
Por su parte, el ministro de Justicia habría intentado minimizar la controversia calificándola como «simplemente la regularización de una situación». Alcántara habría asegurado que la medida se sustentaría en informes técnicos de las oficinas de Integridad, Administración y Asesoría Jurídica de Palacio.
La directiva que cambiaría las reglas del juego
La polémica Directiva N° 004-2025-DP/SSG habría sido publicada a inicios de julio y regularía el «tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial», reemplazando una versión anterior que habría sido más restrictiva.
Entre los cambios más relevantes, la directiva permitiría a Boluarte recibir obsequios de comunidades rurales durante visitas oficiales, así como regalos de gobiernos locales, regionales e instituciones nacionales o internacionales sin fines de lucro, siempre en actos protocolares.
Además, se abriría la puerta para que la mandataria reciba regalos de su entorno familiar, amical o laboral dentro del Despacho Presidencial por motivos como cumpleaños, aniversarios, logros académicos o fechas conmemorativas.
La norma también autorizaría a funcionarios del Despacho Presidencial aceptar invitaciones, viajes o estadías financiadas por entidades nacionales o internacionales para conferencias y capacitaciones.
«Regalos sin límites»: La voz de alarma de los especialistas
El excontralor general Fuad Khoury habría sido contundente al señalar que la directiva «abriría el abanico para que [la presidenta] pueda recibir donaciones o regalos sin límites», algo que ningún otro funcionario público tendría permitido.
Khoury habría advertido que la norma debilitaría el sistema de control al liberar a la presidencia y funcionarios del despacho presidencial de reportar los regalos recibidos. Al ser consultado si la directiva vulneraría el Código de Ética de la Función Pública, su respuesta habría sido categórica: «Sí».
El excontralor habría cuestionado duramente el trasfondo de la norma: «Quien redactó la norma desconocería los principios de transparencia y ética de la función pública o, pensando mal, estaría bien redactado para efectos de buscar que reciban las dádivas que se suelen entregar».
Khoury habría ejemplificado los riesgos: «Uno va a un pueblo y le pueden regalar un poncho de vicuña que vale tres mil dólares o una orfebrería de oro y plata». Su recomendación habría sido clara: establecer límites monetarios.
Conflictos de interés en el horizonte
Samuel Rotta, especialista en prevención de la corrupción, habría coincidido en señalar que la norma resultaría incompatible con la legislación vigente, vulnerando particularmente el Código de Ética de la Función Pública.
Consultado sobre si esto podría abrir conflictos de interés, Rotta habría sido directo: «Sí, sin duda». El especialista habría explicado que el objetivo de regular obsequios sería evitar influencias indebidas en la toma de decisiones.
Rotta habría citado ejemplos internacionales de buenas prácticas, como el Parlamento inglés donde nadie puede recibir regalos que valgan más de siete libras, o sistemas donde los obsequios se registran como propiedad institucional.
El especialista habría advertido sobre situaciones sospechosas: «Si al año siguiente de ser elegido, comienzas a recibir regalos de personas con las que no tenías contacto desde hace más de una década, eso sí generaría preocupación».
La advertencia legal habría sido clara: tanto la Contraloría como la Fiscalía podrían actuar si se detectara «un soborno disfrazado de regalo».
Una medida que divide opiniones
Mientras los ministros defienden la directiva como una «regularización» de costumbres tradicionales, los especialistas ven en ella una potencial puerta de entrada a la corrupción disfrazada.
La controversia habría puesto en evidencia las tensiones entre las tradiciones culturales de entrega de obsequios a autoridades y los principios modernos de transparencia y ética en la función pública.
La pregunta que queda en el aire es si esta directiva realmente buscaría regularizar prácticas culturales legítimas o si, como sugieren los críticos, abriría un peligroso precedente para recibir dádivas sin control ni límites.