La presidenta habría dado un nuevo paso para blindar a policías y militares de investigaciones internacionales por crímenes contra los derechos humanos
La presidenta Dina Boluarte habría dado un nuevo paso en su presunto intento de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A través de una resolución ministerial, su gobierno habría creado un grupo de trabajo multisectorial que tendría 60 días hábiles para elaborar un proyecto de Ley de Soberanía Nacional.
El objetivo sería sentar las bases normativas que permitirían limitar la jurisdicción de la Corte IDH y priorizar únicamente la legislación interna, según señalan especialistas en el tema.
El anuncio se habría producido un día después de que Boluarte presentara públicamente la iniciativa como un supuesto «acto de defensa de la soberanía nacional» en una ceremonia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas coincidirían en que se trataría de una maniobra que buscaría blindar a policías y militares que estarían involucrados en graves crímenes contra los derechos humanos durante las protestas sociales que sacudieron el país.
La medida llegaría en un contexto de fuerte tensión con el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte IDH habría ordenado al Estado peruano no promulgar la ley de amnistía, al considerar que contradecería sentencias ya firmes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que habría quedado prohibido otorgar amnistías a responsables de crímenes graves contra los derechos humanos.
Pese a esta orden internacional, Boluarte habría promulgado la norma, exponiendo presuntamente al país a un abierto desacato internacional y generando una crisis diplomática sin precedentes.
En abril pasado, la Corte también habría ordenado al Estado garantizar el acceso a la defensa de las organizaciones civiles, tras la aprobación de la cuestionada ley APCI, que habría restringido la labor de ONG y asociaciones que fiscalizan al poder.
En ambos casos, la línea del gobierno habría sido desconocer resoluciones internacionales y avanzar en un presunto camino de aislamiento jurídico que podría tener graves consecuencias para el país en el ámbito internacional.