Presidenta del Tribunal Constitucional confirmaría que ya se decidió sobre demanda que buscaría frenar investigaciones contra la mandataria
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, habría confirmado en entrevista con RPP que el máximo intérprete de la Constitución ya tendría una «decisión tomada» sobre la demanda competencial presentada por Dina Boluarte. Esta demanda buscaría frenar todas las investigaciones en su contra mientras ejerza funciones como presidenta de la República.
Según declaró Pacheco, el debate interno en el TC ya habría terminado y estarían en «etapa de firmas», lo que indicaría que el acuerdo entre los magistrados ya estaría alcanzado. «Puedo decir que ya terminó el debate. Estamos en etapa de firmas, que era lo que había costado llegar a ese acuerdo porque es un tema complejo», habría señalado la presidenta del TC.
La funcionaria habría enfatizado que la resolución no miraría específicamente a Boluarte, sino que establecería precedente para cualquier presidente de la República. «Es una sentencia que no mira a la señora Boluarte simplemente, sino mira a quien sea el presidente de la República», habría declarado Pacheco, quien no reveló el contenido de la decisión hasta que sea oficialmente publicada.
La demanda competencial de Boluarte estaría dirigida contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y buscaría detener las investigaciones por múltiples casos que la involucrarían: el caso Rolex por presunto enriquecimiento ilícito, el caso Cofre por supuesto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, las más de 50 muertes durante las protestas de diciembre de 2022, y el caso cirugías por presunto abandono de cargo.
El Ejecutivo habría argumentado que la mandataria se vio afectada en el ejercicio de sus funciones debido a las interpretaciones que el sistema judicial le daría al artículo 117 de la Constitución. Este artículo establece que el presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, obstaculizar elecciones, disolver indebidamente el Congreso o impedir el funcionamiento de organismos electorales.
Según Pacheco, el TC habría buscado «compaginar» la facultad fiscalizadora del Ministerio Público con la protección del cargo presidencial, para evitar que se abuse de esa facultad investigativa. La decisión final del Tribunal Constitucional podría marcar un precedente significativo sobre los límites de la investigación judicial a presidentes en ejercicio.