Durante su viaje del 21 al 25 de septiembre, la mandataria rechazó responsabilidad por fallecidos en manifestaciones de 2022 y minimizó protestas recientes
Durante su participación en la reunión con Empresarios Iberoamericanos realizada el domingo 22 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte minimizó las protestas que se registraron en su contra los pasados 20 y 21 de septiembre. En un discurso que evidenció su desconexión con la realidad nacional, aseguró que habría llegado al cargo por decisión popular —»la voz del pueblo es la voz de Dios», afirmó— y reiteró que las movilizaciones contra su Gobierno, iniciadas en 2022, habrían sido financiadas por «la minería ilegal, el narcotráfico y mafias corruptas».
La mandataria también rechazó las acusaciones por las 60 muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022 y negó cualquier intención discriminatoria. «Me acusaron de 60 fallecidos y de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina; yo vengo de la raza andina, ¿cómo podría pretender tal situación?», declaró desde Nueva York. Añadió que, a su juicio, «quienes generan violencia» buscarían ocasionar nuevas víctimas para responsabilizarla y presionarla a renunciar.
Manifestaciones exigen renuncia mientras crisis se profundiza
A pesar de que la presidenta busca mostrar una imagen de confianza ante la sociedad internacional durante su viaje del 21 al 25 de septiembre a Nueva York, en el Perú se vive una profunda disconformidad por el desarrollo de la política nacional tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Sin importarle la censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, Boluarte no dudó en colocarlo en una nueva cartera: Justicia y Derechos Humanos.
Es importante precisar que no solo Santiváñez se encuentra acumulando investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía. La misma presidenta de la República registra denuncias por casos de corrupción, lavado de activos, homicidio calificado, cohecho pasivo impropio y abandono del cargo, entre otros.
Sin embargo, en agosto del presente año, el Tribunal Constitucional dispuso paralizar todas las investigaciones penales contra la presidenta hasta el fin de su mandato. Esta medida no equivale a absolución, pero congela los procesos en Fiscalía y Poder Judicial hasta 2026, generando mayor indignación ciudadana ante lo que muchos consideran una maniobra para evadir la justicia.