Guerra interna en el Ministerio Público tras polémico audio que vincularía a Fuerza Popular
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia formal contra Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. La acción legal surge después de que Fernández Jerí suspendiera por seis meses al fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato.
Según fuentes oficiales, la denuncia se fundamenta específicamente en que Pérez fue impedido de ingresar a las instalaciones del Ministerio Público luego de su suspensión para hacer entrega formal de su cargo. La fiscal de la Nación sostiene que no existían elementos suficientes para justificar la medida disciplinaria y ha señalado que «a ningún ciudadano se le puede impedir el ingreso a ninguna instalación pública».
«Hemos generado una serie de informes con nuestro gerente de seguridad y ya ha sido puesto en conocimiento de la fiscal competente provincial para que investigue estos presuntos delitos», precisó Espinoza en declaraciones públicas. La denuncia también ha sido comunicada a la Junta Nacional de Justicia, entidad que ya evalúa un proceso disciplinario contra el jefe de la ANC.
La suspensión de Pérez se produjo poco después de que medios de comunicación revelaran la existencia de un presunto audio comprometedor donde se escucharía una conversación entre Fernández Jerí y un abogado vinculado a intereses políticos. En este audio, que aún no ha sido verificado oficialmente, supuestamente se discutiría un plan para apartar a fiscales que llevaban investigaciones sensibles, incluyendo a Pérez. La fiscal de la Nación no ha hecho referencia directa a este material en su denuncia formal.
La suspensión oficial, ocurrida el pasado 7 de abril, se dio bajo el argumento de que Pérez habría cometido presuntas infracciones administrativas relacionadas al caso Cócteles, específicamente por participar en una investigación contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de estar supuestamente impedido legalmente por ser una de las partes agraviadas en el proceso.
Por su parte, José Domingo Pérez ha manifestado que la medida respondería a un ensañamiento en su contra y ha denunciado lo sucedido ante la Junta Nacional de Justicia, alegando que su suspensión podría perjudicar investigaciones de alto interés público que estaban bajo su responsabilidad.