La Fiscal de la Nación responde con firmeza ante la denuncia constitucional interpuesta por la controvertida exfiscal, marcando un nuevo capítulo en la guerra judicial del Ministerio Público
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría demostrado su temple ante la denuncia constitucional que Patricia Benavides interpuso en su contra, declarando categóricamente que no le inquieta el proceso y que afrontaría cualquier investigación sin temor. En declaraciones a radio Yaraví, Espinoza habría lanzado una indirecta demoledora: «No tengo temor como otras personas que denuncian a quien los investiga porque tienen temor».
Sus declaraciones habrían dejado entrever una clara alusión a quienes utilizarían las denuncias como mecanismo de defensa cuando se encuentran bajo investigación. «Cuando se tiene la conciencia limpia, no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación», expresó la titular del Ministerio Público.
Espinoza reveló que aún no habría sido notificada formalmente sobre la acusación en su contra, pero se mostró dispuesta a presentar sus descargos cuando corresponda. La Fiscal consideraría que este tipo de denuncias formarían parte de una estrategia reiterada para obstaculizar el ejercicio de sus funciones.
«La verdad no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me atribuyen porque no he sido notificada todavía», explicó Espinoza, quien añadió: «Haré mis descargos como en las varias denuncias constitucionales que se me han presentado, considero de manera ligera. En realidad son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad, la ley».
La máxima representante fiscal habría sido enfática al señalar que no obedecerá ilegalidades: «Porque acá no se trata de que voy a obedecer ilegalidades», comentó, en lo que podría interpretarse como una advertencia directa a quienes pretenderían presionarla.
La contraofensiva de Benavides
El 28 de agosto, la defensa de Patricia Benavides, a cargo del abogado Juan Peña, presentó una denuncia constitucional contra Espinoza por supuestas infracciones constitucionales, abuso de autoridad y prevaricato. La denuncia buscaría incluso la inhabilitación de Espinoza por 10 años para ejercer función pública.
El núcleo de la acusación radicaría en que Espinoza no habría acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reincorporación de Benavides, calificando ese retorno como un «proceder denigrante». La defensa sostendría que esa actitud fue «humillante, discriminatoria y denigrante», motivo por el cual demandarían una sanción ejemplar.
Guerra judicial en el Ministerio Público
Este enfrentamiento se enmarca dentro de una disputa más amplia que evidencia la crisis institucional en el Ministerio Público. El 15 de agosto pasado, Espinoza habría solicitado a la Comisión Permanente del Congreso dejar sin efecto el archivo de una denuncia constitucional que ella misma presentó en junio contra Benavides por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso «Los Cuellos Blancos».
Esa denuncia fue debatida en julio y finalmente rechazada por el Congreso, evidenciando la tensión política entre ambas representantes del Ministerio Público. El trasfondo de este enfrentamiento estaría vinculado a la decisión de la JNJ de ordenar la reincorporación de Benavides, medida que Espinoza cuestionó en su momento.
La batalla judicial entre ambas fiscales reflejaría las profundas divisiones internas del Ministerio Público y pondría en evidencia los conflictos de poder que atraviesan la institución encargada de la persecución del delito en el país.