PolíticaDelia Espinoza enfrenta doble embate legal: admiten apelación de la JNJ, la denuncian por peculado y Tomás Gálvez corta contrato a su secretaria de confianza

Poder Judicial dio trámite al recurso contra su continuidad como fiscal de la Nación, mientras enfrenta acusación por usar vehículos oficiales estando suspendida y el fiscal interino toma medidas contra su entorno

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para revocar la resolución que ordena la continuidad de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Esta decisión abre un nuevo capítulo en la disputa legal que mantiene suspendida a la máxima representante del Ministerio Público, mientras enfrenta además una denuncia penal por peculado de uso y el fiscal interino Tomás Gálvez toma control del Ministerio Público cortando vínculos con el entorno cercano de Espinoza.

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres Tasso, determinó que el Procurador Público de la JNJ interpuso su recurso impugnatorio dentro del plazo legal establecido por el artículo 22 del Código Procesal Constitucional – Ley N.º 31307. A través de una resolución emitida el 28 de octubre, el magistrado resolvió «conceder sin efecto suspensivo» el recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Constitucional de Lima.

Si la Tercera Sala admite el recurso a trámite, deberá programar una audiencia virtual con la participación de todas las partes procesales involucradas para emitir una decisión definitiva en los próximos días.

Tomás Gálvez corta contrato a secretaria de confianza de Espinoza

Según informó el periodista Martín Sarmiento, fuentes cercanas al Ministerio Público señalarían que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, luego de retirar los vehículos oficiales a Delia Espinoza para el resguardo de su integridad personal, habría ordenado el corte de contrato de la secretaria de confianza de Espinoza, identificada como Lirio.

Esta medida se sumaría a otras acciones que estaría tomando Gálvez para ejercer el control efectivo del Ministerio Público durante la suspensión de Espinoza, desmontando progresivamente el equipo cercano a la suspendida fiscal de la Nación.

Denuncia penal por peculado de uso

Paralelamente, Delia Espinoza enfrenta una denuncia penal por presunto peculado de uso. La acusación sostiene que la suspendida fiscal de la Nación habría continuado utilizando vehículos oficiales del Ministerio Público a pesar de estar formalmente suspendida de sus funciones desde septiembre de 2025 por decisión de la JNJ.

El documento, presentado por el abogado y candidato aprista Luis Caya, sostiene que Espinoza Valenzuela habría utilizado los vehículos oficiales asignados a su antiguo cargo, aun cuando ya no le correspondería por estar separada provisionalmente de la función fiscal. La denuncia señala específicamente las unidades vehiculares con placas EGW-711 y EGW-715, las cuales habrían sido empleadas durante el período en que se encontraba suspendida, presuntamente contraviniendo la normativa interna del propio Ministerio Público y diversas disposiciones legales peruanas.

El delito y sus sanciones

De acuerdo con el documento, la conducta atribuida a Espinoza encuadraría en el delito de peculado de uso tipificado en el artículo 388° del Código Penal, que sanciona a los servidores públicos que emplean bienes estatales con fines ajenos al servicio o permiten que otros lo hagan. El delito contempla una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de una inhabilitación y un pago de multa que puede oscilar entre los 180 y 365 días-multa.

Dentro de los fundamentos fácticos presentados, el documento refiere que, ante la suspensión, Espinoza habría dejado de ejercer toda función o autoridad en el Ministerio Público, lo que por ley también implicaría el retiro inmediato de los bienes otorgados para el cumplimiento de sus tareas.

La denuncia sostiene que aunque la ley precise en su artículo 19 que «el Despacho de la Fiscalía de la Nación a través de la Secretaría General, por razones de necesidad de servicio y/o emergencia podrán dictar disposiciones distintas a lo establecido», Espinoza no se encontraría en ninguno de estos supuestos, sino suspendida de todo cargo por un mandato legal de la autoridad constitucionalmente ordenado, lo que señalaría una vulneración del orden institucional.

Tomás Gálvez ordenó retiro de vehículos oficiales

El desarrollo de la denuncia coincide con una reciente decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien ordenó la devolución de los vehículos oficiales asignados previamente a Delia Espinoza. Según un oficio, Gálvez solicitó al gerente general del Ministerio Público que los vehículos utilizados por la exfuncionaria hasta el martes 28 de octubre se reintegraran a la Subgerencia de Transportes a partir del 29 de octubre de 2025.

Esta medida contrasta con las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del propio Ministerio, la cual sugería que Espinoza podría continuar empleando los vehículos por motivos de seguridad personal. Dicho informe se habría respaldado en una evaluación de la Policía Nacional del Perú (PNP), que señaló un «alto riesgo» para la integridad física de la exfiscal, derivado del contexto nacional y las decisiones adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio Público.

Antecedentes del conflicto con la JNJ

El último 13 de octubre, el juez Fidel Torres declaró «fundada» una medida cautelar innovativa presentada por Delia Espinoza contra la JNJ, disponiendo que la recurrente continuara ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación. El magistrado suspendió los efectos de la medida de suspensión que la JNJ había aplicado contra Espinoza como parte de un procedimiento disciplinario iniciado por no reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

Torres Tasso ordenó a la JNJ que, dentro del quinto día de notificada, cumpliera con el mandato judicial de reposición cautelar. Sin embargo, la JNJ decidió mantener la suspensión de Espinoza, argumentando en una resolución administrativa que el procedimiento disciplinario se habría iniciado por cuatro cargos, y que la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se referiría al cargo relacionado con no cumplir la orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

¿Por qué Delia Espinoza afronta un proceso disciplinario?

El proceso disciplinario contra Delia Espinoza se habría originado tras no restituir a Patricia Benavides en su calidad de fiscal suprema y fiscal de la Nación, pese a la orden de la Junta Nacional de Justicia. La JNJ le habría denunciado por cuatro cargos:

1. Haber ignorado la orden de reposición de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación y fiscal suprema.
2. Continuar ejerciendo el cargo presuntamente de manera «ilegal e inconstitucional».
3. Negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema al no recibir a la funcionaria restituida ni convocar a la Junta de Fiscales Supremos.
4. Presuntamente instigar al personal del Ministerio Público a realizar una vigilia en la sede institucional para impedir el cumplimiento de la resolución.

Espinoza rechaza accionar de la JNJ

Espinoza habría rechazado el accionar de la JNJ, acusando al organismo de cometer «un ramillete de ilegalidades» y tramar una trampa «artera, alevosa, de mala fe y delincuencial» en su contra con el fin de inhabilitarla.

«A través de mi persona quieren escarmentar a otros funcionarios, a otros magistrados, para que no se atrevan en un futuro a desobedecer a la Junta Nacional de Justicia», habría denunciado.

La situación mantiene en vilo al Ministerio Público y al país, mientras se espera la decisión final de la Tercera Sala Constitucional de Lima que podría definir el futuro de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, al tiempo que enfrenta una denuncia penal que podría costarle hasta cuatro años de prisión y observa cómo el fiscal interino Tomás Gálvez toma control de la institución.