La fiscal de la Nación denuncia irregularidades y conflictos de interés en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría solicitado formalmente a la Comisión Permanente del Congreso que declare nulo el archivo de la denuncia constitucional N° 602 2021-2026 presentada contra la exfiscal Patricia Benavides. A través de un oficio dirigido al presidente José Jerí, Espinoza habría enumerado una serie de argumentos que cuestionarían gravemente el proceder de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
La denuncia en cuestión habría sido presentada por Espinoza el 12 de junio de 2025 contra su antecesora Patricia Benavides por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal. Estos cargos estarían relacionados con supuestas acciones ilícitas para el nombramiento y destituciones de fiscales del Equipo Especial que se habría avocado al caso Los Cuellos Blancos.
La problemática agenda selectiva del Congreso
Según revelaría el oficio de Espinoza, esta sería la sexta denuncia constitucional que habría presentado contra Benavides, pero curiosamente, la SAC habría decidido procesar únicamente esta última, ignorando completamente las cinco anteriores. Las fechas de las denuncias archivadas serían: 10 de mayo de 2024, 16 de mayo de 2024, 25 de febrero de 2025, 5 de marzo de 2025 y 14 de mayo de 2025.
La fiscal habría denunciado que no se habría formulado ninguna solicitud para el agendamiento de estas denuncias previas, ni tampoco habrían sido agendadas de oficio por la SAC. Durante una conferencia de prensa del 1 de agosto, Espinoza habría reclamado: «¿Por qué se trabaja a la carta? ¿Por qué se escoge? Es como si tuviéramos un menú y se escoge. ¿Por qué contra otros funcionarios aforados se tramita tan rápidamente?»
Votación sin debate ni fundamentación
El segundo argumento de peso que presentaría Espinoza sería las presuntas irregularidades en el proceso de votación. Según detallaría en su oficio, el día de la votación, la presidenta María Acuña habría consultado si algún miembro deseaba hacer uso de la palabra, pero no se habrían registrado intervenciones ni se habría producido debate alguno antes de proceder a la votación que resultaría en el archivo de la denuncia con seis votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.
La fiscal argumentaría que esta actuación «contravendría los principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, en particular el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a obtener una decisión motivada». Espinoza señalaría que no se habría expresado «ni verbal ni por escrito» razón alguna que justificara la negativa de admisión, lo que desnaturalizaría la función de control político y convertiría el acto parlamentario en una «manifestación de arbitrariedad institucional».
Conflictos de interés en la SAC
El tercer y más explosivo argumento de Espinoza sería la existencia de múltiples conflictos de interés entre los miembros de la SAC. La fiscal revelaría que la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña, afrontaría una carpeta fiscal ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal por presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, relacionados con un conflicto contractual cuando se habría desempeñado como gerenta de la empresa inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L.
Según el oficio, desde junio de 2023 se le investigaría por supuestamente haber falsificado una firma, y la parlamentaria habría tenido conocimiento de esta denuncia cuando asumió el liderazgo de la Subcomisión. Espinoza citaría el reglamento del Congreso, que establecería que todo congresista comprendido en un proceso penal carece de habilitación para integrar la SAC.
Pero Acuña no sería la única. La fiscal también habría señalado a otros miembros como los congresistas Héctor Ventura, Elvis Vergara, Américo Gonza, Esdras Medina, Luis Aragón, Segundo Quiroz, José Jerí y Pasión Dávila, quienes también tendrían investigaciones fiscales en curso.
Un Congreso bajo la lupa
Esta solicitud de Delia Espinoza estaría poniendo en evidencia un patrón preocupante en el funcionamiento del Congreso, donde presuntamente se estaría priorizando la protección de ciertos funcionarios por encima de la transparencia y el debido proceso. La fiscal estaría denunciando lo que podría configurar una grave crisis institucional, donde quienes deberían ejercer control político estarían comprometidos por sus propias investigaciones.
La respuesta de la Comisión Permanente del Congreso a esta solicitud sería crucial para determinar si existe voluntad política real de combatir la corrupción o si, por el contrario, se confirmarían las sospechas de que existe una agenda selectiva para proteger a ciertos personajes del fujimorismo y sus aliados.