Su abogado argumenta que la Junta Nacional de Justicia no tendría competencia legal para convocar este tipo de audiencias
La crisis en la Fiscalía de la Nación habría tomado un nuevo rumbo. Delia Espinoza, fiscal de la Nación, no asistiría a la audiencia de conciliación que habría convocado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para resolver el conflicto con Patricia Benavides, quien fue repuesta en el cargo pese a que Espinoza ya lo ocuparía.
Luciano López, abogado de Espinoza, habría sido claro al explicar a otras fuentes que esta decisión se sustentaría en «el respeto a la legalidad». Según López, la ley no contemplaría ninguna competencia de la JNJ para convocar audiencias de conciliación, lo que convertiría esta convocatoria en un acto sin sustento legal.
El conflicto habría surgido tras la polémica reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, un cargo que ya estaría siendo ocupado por Delia Espinoza. Esta situación habría generado un enfrentamiento institucional sin precedentes que tendría al Ministerio Público en una crisis profunda.
La Junta de Fiscales Supremos habría pedido a la JNJ pronunciarse sobre los alcances de la resolución que repone a Benavides, buscando claridad sobre quién tendría realmente la competencia para ejercer el cargo. Mientras tanto, Espinoza se habría amparado en la Ley del Procedimiento Administrativo General para oponerse a lo dispuesto por la JNJ.
López habría sido enfático al señalar que «la fiscal de la Nación no se erige ni funciona por sorteo, ni por audiencias de conciliación». Según el abogado, la elección del fiscal de la Nación sería competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos, tal como lo establecería la Constitución.
«Aquí no hay un desacato, porque la ley dice que como es una decisión que no es de un juez, es administrativa, permite esa oposición y nosotros estamos actuando en el marco de la legalidad», habría precisado López, defendiendo la posición de su representada.
Esta crisis institucional habría puesto en evidencia las fallas del sistema de justicia peruano y la falta de claridad en las competencias de los diferentes organismos. Los ciudadanos observan cómo dos personas se disputan el mismo cargo mientras la lucha contra la corrupción se ve afectada por estos conflictos internos.
