La red de corrupción habría sido más extensa de lo que se creía: no solo Karelim López apunta contra los congresistas acciopopulistas
La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, revelaría que cuatro colaboradores eficaces y dos testigos confirmarían el presunto pacto criminal entre 15 congresistas de Acción Popular, conocidos como «Los Niños», y el expresidente Pedro Castillo. Contrario a lo que sostienen los parlamentarios denunciados, la acusación no se basaría únicamente en el testimonio de la empresaria Karelim López.
Según el documento de 734 páginas al que tuvo acceso El Comercio, los congresistas habrían sido acusados por presunta organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio. La investigación revelaría que el llamado «brazo congresal» habría tenido injerencia en siete instituciones del Estado, incluyendo tres ministerios estratégicos.
El origen del pacto criminal
El colaborador eficaz N°11-2022-EFICCOP habría revelado detalles escalofriantes sobre cómo se habría gestado esta presunta red criminal. Según su testimonio, cuando los congresistas Álex Paredes y Guido Bellido no habrían logrado captar a los integrantes de Acción Popular, Pedro Castillo le habría ordenado esta tarea a Auner Vásquez, quien luego sería jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia.
El primer encuentro clave se habría producido el 24 de julio de 2021, a las 11 p.m., en una casa del jirón Sarratea, en Breña. Allí habrían llegado los congresistas Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Ilich López, Wilson Soto Palacios y Edwin Martínez para conversar con el entonces presidente electo en el segundo piso de la vivienda.
Previamente, Vásquez habría conversado en el hotel Meliá, en San Isidro, con el congresista Darwin Espinoza, quien habría aceptado la cita con una condición reveladora: «el poder se comparte».
Las reuniones en Palacio de Gobierno
Entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2021, los congresistas acciopopulistas habrían acudido a Palacio de Gobierno en tres oportunidades para reunirse con Castillo y/o Vásquez. La reunión más importante habría sido la del 7 de septiembre de 2021, realizada en el salón Túpac Amaru, donde habría participado el entonces presidente y nueve parlamentarios.
En este encuentro se habría concretado el presunto acuerdo de protección. Los colaboradores eficaces confirmarían que «a cambio del apoyo a la gestión del presidente, que consistía en votar en contra de posibles vacancias presidenciales, interpelaciones y censuras a ministros, los congresistas iban a entregar nombres [de sus allegados] para que ocupen cargos en las diferentes direcciones y ministerios».
Siete días después, el 14 de septiembre de 2021, los congresistas habrían regresado a Palacio de Gobierno acompañados de ocho personas, a las que habrían recomendado para asumir altos cargos en el Estado.
El reparto del poder
Darwin Espinoza habría enviado a Vásquez, a través de WhatsApp, la lista de oficinas que su agrupación habría deseado controlar. Estas habrían incluido el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), la Dirección General de Electricidad del MINEM, Provías Nacional, Provías Descentralizado, una dirección en el MEF, Aduanas y el Programa Agua para Todos.
Sin embargo, la respuesta de Castillo habría sido reveladora: «No les podemos dar muchas direcciones dispersas, porque es muy notorio. Además, esas direcciones tienen su gente, hay que darle el Ministerio de la Producción. Coordínalo con Darwin Espinoza, porque no podemos perder esos 12 votos [de Acción Popular]», habría respondido el presidente, según el colaborador eficaz.
El control del Ministerio de la Producción
Los congresistas habrían aceptado este ofrecimiento y gestionado el ingreso de Jorge Prado Palomino como ministro de la Producción en noviembre de 2021. Tras esta designación, se habría concretado «el copamiento indebido» de la referida cartera.
La bancada de Acción Popular habría direccionado 20 contratos en altos cargos y forzado la modificación del ordenamiento pesquero respecto al atún. El colaborador eficaz N°31-2023-Eficcop habría revelado que Espinoza y los otros de su facción habrían recibido S/1 millón por este hecho.
Testimonios coincidentes
Las declaraciones del colaborador eficaz N°11-2022-EFICCOP coincidirían con las de otros tres colaboradores eficaces y dos testigos. El colaborador eficaz N°04-2022-EFICCOP habría revelado que Castillo habría «designado» a Vásquez para que ofrezca direcciones y ministerios a los congresistas de Acción Popular para tener más votos en contra de cualquier proceso de destitución.
Por su parte, el colaborador eficaz 03-2022-EFICCOP habría señalado que el presidente habría ordenado «que les den» a Los Niños «lo que pidan», a fin de estar blindado y que no lo vacaran.
Las defensas de los acusados
En diálogo con El Comercio, el congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú) habría calificado de «refrito» la denuncia constitucional, mientras que Carlos Zeballos habría rechazado las imputaciones, alegando que la reunión del 7 de septiembre habría sido parte de una ronda de diálogo del gobierno.
El parlamentario Flores Ancachi se habría allanado a las investigaciones, pero habría cuestionado que todos estén bajo investigación cuando, según él, Darwin Espinoza «debería ser el único bajo investigación».
La denuncia constitucional también comprendería a los exministros Jorge Prado Palomino (Producción) y Betssy Chávez (PCM, Cultura y Trabajo), a quienes el Ministerio Público imputaría negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La investigación revelaría que esta presunta red criminal habría logrado direccionar licitaciones a favor de empresas chinas y contrataciones de personas allegadas, poniendo en evidencia una estructura de c0rrupc1ón que habría comprometido la institucionalidad del país.