El tribunal determinó la responsabilidad penal del expresidente y tres exfuncionarios por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial emitió este jueves sentencia condenatoria contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, determinando una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para rebelión.
El tribunal colegiado validó los argumentos presentados por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que sustentó la existencia de responsabilidad penal en el intento de quiebre del orden constitucional mediante la disolución del Congreso de la República y la intervención del sistema de justicia.
Según el fallo judicial, Pedro Castillo continuará cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo, establecimiento donde permanecía recluido bajo prisión preventiva desde su detención el 7 de diciembre de 2022.
Tres exfuncionarios también recibieron condenas
La exministra de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, recibió una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación como coautora en el delito de conspiración para rebelión. El tribunal ordenó su inmediata ubicación y captura.
El exministro del Interior, Willy Huerta, fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por los mismos hechos. En tanto, el exprimer ministro Aníbal Torres recibió una condena de 6 años y 6 meses, con suspensión de la ejecución de la pena hasta la resolución de una eventual apelación. Esta misma medida se aplicó para Huerta.
Los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo emitió un mensaje a la Nación en señal abierta de televisión, en el cual anunció la «disolución temporal» del Congreso de la República y la instauración de un «gobierno de excepción». Estas disposiciones no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional del Perú.
La tesis fiscal sostuvo que el expresidente habría planificado estas acciones junto a otros funcionarios, en un contexto donde enfrentaba una inminente moción de vacancia presidencial y múltiples investigaciones fiscales en su contra.
El Poder Judicial ha establecido con esta sentencia un precedente jurídico sobre los límites del ejercicio del poder ejecutivo y las consecuencias legales de acciones que afecten el orden constitucional del país.