El Ministerio Público investiga a la exfuncionaria por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible vinculados a contrataciones de familiares de su entonces pareja
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud del Ministerio Público para formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Betssy Chávez, quien ejerció como ministra de Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo. La investigación se centra en los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible en agravio del Estado.
La decisión judicial permite al Ministerio Público avanzar con las diligencias de investigación sobre contrataciones que habrían beneficiado a familiares de Abel Sotelo, identificado como la entonces pareja sentimental de la exministra, en diversas entidades del Estado durante su gestión.
El proceso de formalización se concretó después de que el Congreso de la República, en octubre de 2025, aprobara la formación de causa penal contra Chávez. Previamente, en abril de 2023, la Fiscalía de la Nación había presentado una denuncia constitucional solicitando el levantamiento de inmunidad parlamentaria de la entonces congresista.
Detalles de la investigación fiscal
La hipótesis del Ministerio Público señala que durante el período en que Betssy Chávez ejerció funciones públicas, se habrían producido múltiples contrataciones de miembros de la familia Sotelo en instituciones estatales.
Marco Sotelo Villa, hermano de la entonces pareja de Chávez, habría sido contratado en octubre de 2021 como asistente nivel 2 en el despacho congresal. Según la investigación fiscal, en su declaración jurada de datos personales habría omitido consignar el vínculo familiar con Abel Sotelo. Marco Sotelo renunció al cargo en marzo de 2022, habiendo percibido S/42,464.48 durante su permanencia en el Congreso. Posteriormente habría sido contratado en EsSalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo.
Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, habría sido incorporada al despacho congresal de Chávez en septiembre de 2022 como auxiliar nivel 2. Su renuncia se produjo en noviembre de 2023, un día después de la emisión de un reportaje periodístico del programa Cuarto Poder sobre las contrataciones.
Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, habría ocupado varios cargos durante el período investigado. En diciembre de 2021 fue designado como intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno, cargo al que renunció en febrero de 2022. También habría sido designado como representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Senati en enero de 2022, y posteriormente como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri en marzo de 2022.
La investigación preparatoria permitirá a la Fiscalía recabar elementos probatorios para determinar la eventual responsabilidad penal de la investigada y decidir si corresponde presentar acusación formal ante el Poder Judicial.