Raúl Noblecilla generó controversia al comparar el golpe de Estado de 1992 con el proceso actual contra la exministra, mientras la Comisión Permanente aprueba su segunda inhabilitación
Un acalorado debate se vivió este jueves en la Comisión Permanente del Congreso, donde el abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de la exprimera ministra Betssy Chávez, protagonizó un polémico intercambio con la bancada de Fuerza Popular durante la discusión del informe que recomienda inhabilitar a su clienta por una década del ejercicio de función pública.
El tenso momento se registró mientras se debatía la participación de Chávez en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso. La propuesta de inhabilitación fue finalmente aprobada con 17 votos a favor.
Durante su intervención, Noblecilla realizó una controversial comparación al traer a colación el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso con respaldo militar, asumiendo control total del Estado tras intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.
«Sí quiero que descanse en paz Fujimori, pero no va a poder descansar en paz si tiene todavía representantes que son más perversos que él, que son tan alineados al fujimontesinismo como él», expresó el letrado, desatando protestas inmediatas de los parlamentarios fujimoristas, especialmente de la congresista Martha Moyano.
La respuesta que encendió el debate
El abogado continuó su argumento señalando que considera el proceso contra su defendida como parte de un contexto no democrático. «Señora Moyano, no estamos en dictadura… Bueno, estamos en dictadura, pero su líder ya murió. Disculpe, pero su líder ya murió», declaró ante las protestas de la legisladora.
Estas palabras generaron tal controversia que Noblecilla recibió un llamado de atención por parte de la mesa directiva, solicitándole ceñirse exclusivamente a la defensa técnica de Chávez, quien se encuentra desde hace dos semanas bajo asilo en la Embajada de México en Lima, mientras enfrenta el proceso judicial por los sucesos de diciembre de 2022.
Segunda oportunidad para inhabilitar a la exministra
La Comisión Permanente aprobó con 17 votos favorables tanto la admisión de una nueva acusación constitucional como la recomendación de inhabilitar por 10 años a la exjefa de Gabinete. El documento pasará ahora al pleno del Congreso para su votación definitiva.
Este es el segundo informe con la misma sanción propuesta que llega a la Comisión Permanente, después de que en una sesión plenaria anterior no se alcanzaran los votos necesarios para aprobar la inhabilitación de la exfuncionaria.
Tras conocerse el resultado, al menos tres congresistas presentaron pedidos de reconsideración, lo que podría abrir un nuevo debate sobre la decisión tomada.
Castillo y Huerta también en la mira
La acusación constitucional admitida incluye además al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta, quienes solicitaron reprogramar la revisión de sus respectivos casos. Lady Camones, responsable de presentar el informe final que señala infracciones a más de 15 artículos constitucionales, propuso realizar votaciones individuales para cada sanción.
Crisis diplomática en curso
La situación de Betssy Chávez se ha convertido en un punto de tensión internacional. Su permanencia bajo asilo en la Embajada de México en Lima provocó que el gobierno peruano anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
Las relaciones bilaterales ya presentaban fracturas desde inicios de 2023, cuando México no reconoció la legitimidad de Dina Boluarte como presidenta tras la salida de Pedro Castillo, funcionando ambos países sin embajadores mutuos.
José Jerí, gobernante interino de Perú, confirmó recientemente que la exfuncionaria «no podrá viajar a México» mientras el gobierno peruano no autorice el salvoconducto correspondiente.
Reportes de prensa indican que hasta cinco efectivos de la Policía Nacional mantienen vigilancia permanente sobre la sede diplomática mexicana, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum asume los costos de la estadía de Chávez hasta que se resuelva su situación legal.