Fernando Rospigliosi presenta proyecto para blindar de investigaciones a 1,300 policías y militares involucrados en represión del 2022-2023
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, impulsa desde octubre un proyecto de ley que pretende dejar sin responsabilidad penal a los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que usaron sus armas contra manifestantes durante las protestas del 2022 y 2023.
El congresista fujimorista no se detiene ahí. Su propuesta incluye una disposición especial: que también queden libres de culpa los policías y militares que participaron en la represión de Juliaca en febrero del 2023, donde murieron decenas de peruanos, parte de las 50 víctimas fatales que dejaron las movilizaciones tras la caída de Pedro Castillo.
En declaraciones a Canal N, Rospigliosi califica las investigaciones contra más de 1,300 efectivos como «persecución política» y considera «absolutamente injusto» que la fiscalía investigue a quienes, según él, «defendieron el orden constitucional».
El parlamentario de Fuerza Popular no oculta su molestia. Dice que los policías y militares están siendo «torturados con una persecución inacabable» y que el procesamiento de estos efectivos es «violatorio de los derechos humanos». Curiosamente, no menciona los derechos humanos de las 50 personas que perdieron la vida.
Durante un homenaje parlamentario a las Fuerzas Armadas y la Policía, Rospigliosi aseguró que estas instituciones «estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos de todos los peruanos, y salvaron al país de esta atroz dictadura», refiriéndose a la crisis del 7 de diciembre de 2022 cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso.
¿Qué propone exactamente el proyecto?
La iniciativa de Rospigliosi plantea que los agentes del orden no sean responsables penalmente cuando usen sus armas «de manera legítima» para enfrentar ataques violentos contra aeropuertos, carreteras o edificios públicos y privados. El problema: ¿quién define qué es «legítimo» cuando hay 50 muertos?
El congresista critica duramente la estrategia de la fiscalía. Según él, primero citan a los efectivos como testigos y después los convierten en acusados. «No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional sean hoy día perseguidos por la fiscalía», declaró, negándose a reconocer que se trata de procesos penales ordinarios por presuntos homicidios.
Rospigliosi también quiere cerrar el Eficavip
Como si su proyecto no fuera suficiente, el presidente del Congreso respalda la decisión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de desactivar equipos especiales de investigación. Pero Rospigliosi va más allá: exige que se cierre el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip).
«El Eficavip tiene más de setenta y cuatro fiscales y funcionarios persiguiendo solamente a policías y militares, mientras los que provocaron los disturbios no los persigue nadie», sostiene el parlamentario fujimorista, dejando claro que considera que investigar estas muertes es un desperdicio de recursos.
El congresista aprovechó para criticar a candidatos presidenciales que ofrecen beneficios a expresidentes, mencionando específicamente a Pedro Castillo, aunque sin precisar qué candidatos ni qué partidos lo hacen.