El expresidente aprovecharía norma aprobada por el Congreso para evadir prisión efectiva
El expresidente Alejandro Toledo, quien habría recibido millones en coimas de Odebrecht, estaría a punto de abandonar el penal de Barbadillo gracias a una cuestionada ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2024. A sus recién cumplidos 80 años, Toledo habría solicitado, a través de su abogado Roberto Su, acogerse a la Ley N° 32181 que permitiría a sentenciados mayores de 80 años cumplir condena en sus domicilios.
La polémica norma, que modificó el artículo 22 del Código Penal, no haría distinciones entre corruptos, violadores, asesinos o terroristas. Todos podrían invocarla para su beneficio si superan la edad establecida, lo que estaría generando un verdadero desfile de criminales que buscarían regresar cómodamente a sus hogares.
El juez Richard Concepción Carhuancho tendría en sus manos el pedido de Toledo desde hace más de un mes. Se trataría de un proceso independiente a la apelación que interpuso la defensa contra la sentencia de 20 años por corrupción que le fue impuesta en octubre de 2024.
Un precedente que confirmaría la aplicación de esta ley sería el caso de Rómulo Peñaranda, exdirectivo de Alpha Consult condenado a 35 años por recibir coimas de Odebrecht, quien a sus 82 años cumplirá la pena en arresto domiciliario según determinó el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.
La lista de beneficiados seguiría creciendo. Vladimiro Montesinos, el siniestro exasesor presidencial, cumpliría 80 años en 18 días y podría solicitar inmediatamente el mismo beneficio. Además, por un fallo del Tribunal Constitucional de diciembre pasado, recuperaría su libertad plena en 2026, justo en época de elecciones.
Otros altos perfiles que podrían acogerse a esta ley incluirían a Pedro Pablo Kuczynski (86 años), procesado por los contratos de su empresa con Odebrecht cuando era ministro, y Luis Nava Guibert, exsecretario de Alan García, quien cumpliría 80 años en marzo de 2026.
Mientras tanto, en el Congreso, la congresista Milagros Aguayo habría presentado un proyecto para excluir de este beneficio a sentenciados por violación de menores, terrorismo, sicariato y otros delitos graves, pero llamativamente no incluiría los delitos de corrupción ni lavado de activos.
