CongresoKira Alcarraz vuelve a protagonizar escándalo: ahora por agredir a trabajador municipal

La congresista enfrenta denuncia policial tras presunto ataque físico a fiscalizador del SAT durante operativo de tránsito

Una nueva controversia envuelve a la congresista Kira Alcarraz. Esta vez, la legisladora no agrupada enfrenta una denuncia formal por presuntamente haber atacado físicamente a un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima durante un operativo de fiscalización vehicular.

Los hechos habrían ocurrido en horas de la noche del pasado lunes en las inmediaciones del puente Atocongo, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. De acuerdo con el parte policial, que fue confirmado por fuentes de la comuna limeña, un inspector del SAT habría procedido a intervenir un automóvil de placa CTM-375 en el que viajaba la parlamentaria como pasajera.

El motivo de la intervención habría sido una orden de captura vehicular vigente debido a una deuda pendiente de 1,327 soles generada por múltiples infracciones de tránsito no canceladas. Al conocer la situación, la congresista habría bajado del vehículo con el objetivo de impedir que el automóvil fuera remolcado hacia los depósitos municipales.

Según relata la denuncia, tras no conseguir evitar el procedimiento administrativo correspondiente, Alcarraz habría propinado una bofetada al funcionario municipal y posteriormente le habría sustraído su teléfono celular de manera violenta. Por razones de seguridad y temor a eventuales represalias, la identidad del trabajador afectado no ha sido revelada públicamente.

El documento policial también incluye una acusación adicional: la congresista habría efectuado una comunicación telefónica con un oficial de alto rango de la Policía Nacional del Perú, específicamente un comandante, solicitándole intervenir a su favor en el operativo. Además, habría proferido amenazas directas contra el fiscalizador, quien únicamente estaba ejecutando sus labores de fiscalización aplicando la normativa vigente sin distinción alguna.

El protocolo establecido indica que el funcionario agredido será sometido a una evaluación médico-legal para documentar las lesiones, mientras que el expediente del caso será remitido a la instancia judicial correspondiente. Por el momento, la congresista Alcarraz se encuentra en situación de libertad.

En respuesta a los hechos denunciados, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima como el SAT emitieron un pronunciamiento conjunto manifestando su más enérgico rechazo a la agresión sufrida por su colaborador. «Manifestamos nuestra total solidaridad con el trabajador que fue víctima de agresión por parte de la congresista Kira Alcarraz mientras realizaba sus funciones durante un operativo rutinario», señalaron en su comunicado oficial.

Las autoridades municipales detallaron que, siguiendo los protocolos establecidos, el vehículo intervenido fue efectivamente trasladado al depósito correspondiente. Sin embargo, horas después fue liberado luego de que se tramitara un acuerdo de fraccionamiento para el pago de la deuda acumulada.

«Desde la institución del SAT de Lima manifestamos nuestro rechazo absoluto hacia cualquier tipo de agresión contra nuestros colaboradores, con mayor razón cuando esta proviene de una figura de autoridad, de quien se espera un comportamiento ejemplar, respetuoso y apegado a la legalidad en todo momento», enfatizaron en el documento.

Un patrón de conducta preocupante

Este episodio no representa un hecho aislado en el comportamiento público de la legisladora. Apenas dos meses atrás, en octubre de 2024, Kira Alcarraz protagonizó otro incidente de connotación grave cuando habría intimidado verbalmente a una comunicadora que le realizaba preguntas sobre presuntas irregularidades en su gestión parlamentaria.

La periodista Marycielo del Castillo, del programa ContraCorriente, habría sido víctima de amenazas directas cuando consultó a la congresista sobre la incorporación de Diana Alani de la Cruz Flores en su planilla de trabajadores de confianza. La particularidad del caso radica en que De la Cruz Flores sería la pareja sentimental de Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, hijo de la propia congresista, lo que configuraría un claro caso de nepotismo en el manejo de recursos públicos.

Lejos de ofrecer explicaciones sobre esta aparente irregularidad administrativa, la reacción de Alcarraz habría sido completamente desproporcionada. Durante la entrevista televisada, la legisladora habría pronunciado frases de corte amenazante dirigidas a la reportera.

«Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared», habrían sido las palabras textuales de la congresista, según registros del programa. Momentos después, habría agregado: «Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva», en una clara manifestación de intimidación verbal.

Este grave incidente motivó que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República iniciara de oficio un procedimiento disciplinario contra Alcarraz. El órgano de control interno busca establecer si la conducta de la parlamentaria constituye una violación al código de ética que rige el desempeño de los legisladores, específicamente por presuntamente haber agredido verbalmente y vulnerado el derecho al libre ejercicio del periodismo de una profesional de la comunicación en el cumplimiento de sus funciones informativas.

La reiteración de estos episodios genera serias preocupaciones en diversos sectores de la sociedad civil sobre el tipo de comportamiento que exhiben algunos representantes del pueblo en el ejercicio de su función pública. Los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil exigen que las autoridades mantengan conductas intachables y den ejemplo de respeto tanto a las normas legales como a los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su posición o actividad laboral.

El desarrollo de las investigaciones en curso determinará las responsabilidades legales y éticas correspondientes, mientras la ciudadanía permanece atenta al desenlace de estos casos que ponen en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para funcionarios públicos que incurren en abusos de autoridad.