Exclusiva de China Polo Dominical revela los oscuros antecedentes del nuevo presidente del parlamento y el blindaje político que habría recibido
En una decisión que habría escandalizado a todo el país, el Congreso de la República eligió como su nuevo presidente a José Jeri Oré, un parlamentario que enfrentaría graves denuncias por violación sexual y múltiples acusaciones por estafa. La elección, realizada el 26 de julio de 2025, habría contado con el respaldo de bancadas como Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Acción Popular.
El legislador enfrentaría una denuncia formal por violación sexual presentada en enero de 2025, donde la denunciante afirmó haber sido ultrajada el 29 de diciembre de 2024 en Santa Rosa de Quives. Las lesiones habrían sido confirmadas médicamente, según consta en la denuncia admitida por el Juzgado Civil de Canta.
Una revelación exclusiva de China Polo Dominical
En una investigación exclusiva, este medio obtuvo un video de noviembre de 2024 que mostraría a Marco Antonio Cardosa Hurtado -quien también habría participado en el hecho denunciado- en una ceremonia de premiación a emprendedores. Sorprendentemente, en ese mismo evento, la presunta víctima de la agresión sexual también se habría hecho presente, subiendo al estrado para agradecer el reconocimiento.
La joven, al hacer la denuncia en la Fiscalía de Huaral, habría comentado que el parlamentario Jeri la pretendía y que Marco Antonio Cardosa Hurtado sería su tío político. Esta información contradiría las declaraciones públicas de Jeri, quien negó conocer bien al otro investigado, afirmando que «no lo veía seguido».
Sin embargo, China Polo Dominical habría desmentido esta versión. Según nuestras investigaciones, Cardosa y Jeri mantendrían una relación de amistad desde finales de 2021 e inicios de 2022, y habría sido a través de él que el congresista conoció a la denunciante.
Órdenes judiciales incumplidas
El Juzgado Civil de Canta no solo habría ordenado medidas de protección para la presunta agraviada, sino que también dispuso que Jeri se sometiera a tratamiento psicológico por «impulsividad y conducta sexual patológica», según el documento adjunto al proceso.
A pesar de esta orden judicial y de haber sido suspendido por su partido, el legislador nunca habría cumplido con el tratamiento ordenado, continuando con sus funciones congresales hasta llegar a la presidencia del parlamento.
Un patrón de presuntas estafas
Las denuncias contra José Jeri se extenderían más allá del ámbito sexual. Carpetas fiscales revelarían que habría engañado a empresarios cobrándoles gastos operativos tras organizar premiaciones, configurando un patrón de presunta estafa que involucraría a múltiples víctimas.
El blindaje político
La doctora Delia Espinoza, Fiscal de la Nación, habría tratado de denunciar a los congresistas con antecedentes delictivos, pero la propia Subcomisión de Acusaciones Constitucionales habría retrasado o archivado las acusaciones que deberían investigar estos actos denunciados.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sería María Cuña, hermana de César Acuña, lo que habría generado interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la protección de congresistas cuestionados.
Una ofensa para las mujeres peruanas
El caso resulta particularmente grave considerando que la presunta víctima habría sido una de las emprendedoras premiadas por el mismo Jeri en ceremonias del Congreso de la República. Esta situación configuraría un abuso de poder que utilizaría la investidura parlamentaria para presuntamente agredir a quienes supuestamente se reconocía.
Antecedentes del fiscal a cargo
La investigación estaría a cargo del fiscal Tomás Gálvez, quien también cargaría con un historial controversial que incluiría denuncias por estafa en tres ocasiones, falsedad genérica, abuso de autoridad, usurpación y acoso. Estos antecedentes generarían dudas sobre la transparencia que podría tener la investigación del caso Jeri.
Un espejo deforme de la justicia
Con la elección de José Jeri como presidente del Congreso, el parlamento habría enviado un mensaje devastador sobre la impunidad en el Perú. Un hombre que ostentaría denuncias por violación y estafa se convertiría en la tercera autoridad del Estado, representando el espejo deforme donde la justicia se miraría y se burlaría de sí misma.
La imagen del Congreso, que ya registraba niveles de aprobación desastrosos, habría sufrido un golpe adicional con esta decisión que priorizaría los acuerdos políticos por encima de la moral y la ética que deberían caracterizar a los representantes del pueblo.
Desde China Polo Dominical exigimos al fiscal Tomás Gálvez que realice una investigación transparente y exhaustiva. No podemos permitir que personajes como José Jeri sigan siendo blindados por el sistema político, especialmente cuando las denuncias involucran delitos tan graves como la violación sexual.
Esta sería una afrenta no solo para las mujeres peruanas, sino para todos los ciudadanos que esperan que sus representantes tengan la dignidad moral mínima para ejercer tan alta investidura.
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