Magistrada denuncia irregularidades en votación de la Comisión Permanente y asegura que decisión responde a represalias por investigaciones contra legisladores
Tras conocerse la aprobación del informe que recomienda su inhabilitación por una década, la fiscal suspendida Delia Espinoza ofreció declaraciones a la prensa donde cuestionó duramente el procedimiento seguido por el Congreso de la República. La magistrada se pronunció al salir del Palacio de Justicia, donde calificó la decisión parlamentaria como un acto de represalia política.
Según manifestó Espinoza, el Parlamento habría cometido una «ilegalidad» y una «inconstitucionalidad» al aprobar el dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). La fiscal señaló que el procedimiento de votación presentaría irregularidades que afectarían directamente su situación frente a la de otros magistrados procesados por los mismos hechos.
«Acabo de tomar conocimiento del quiebre del Estado constitucional cometido en el Congreso. La manera como han votado en un caso en el que yo no he tenido ninguna participación es evidentemente irregular», expresó la magistrada ante los medios de comunicación.
Acusa persecución por cumplir funciones fiscalizadoras
La exfiscal de la Nación sostiene que la decisión del Congreso respondería directamente a las denuncias constitucionales que ella habría formulado contra diversos parlamentarios durante el ejercicio de su cargo. Espinoza señaló que los legisladores no le habrían perdonado haber actuado «con objetivo y con arreglo a la ley» al presentar casos sustentados contra miembros del Poder Legislativo.
«Estos señores del Congreso están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada», declaró la fiscal, quien agregó que los congresistas actuarían como «juez y parte» al recibir denuncias en su contra y posteriormente archivarlas.
La magistrada también denunció que el Parlamento la estaría persiguiendo e inventándole casos con el objetivo de neutralizar su labor fiscalizadora. Espinoza dejó claro que no permanecerá en silencio frente a lo que considera un atropello a la institucionalidad del país.
Votación separada generaría desigualdad procesal
Uno de los aspectos más cuestionados por Espinoza fue el método de votación empleado por la Comisión Permanente. La fiscal suprema indicó que su caso fue votado de manera independiente al de sus colegas Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, a pesar de que los cuatro magistrados estarían siendo procesados por idénticos hechos.
«Miren las cifras, han votado por separado. Se supone que los cuatro fiscales supremos estamos involucrados en los mismos hechos, pero ellos antojadamente votaron uno por uno porque la venganza ya estaba preparada», señaló la magistrada al referirse a lo que considera una estrategia para lograr su inhabilitación específica.
Esta diferenciación en el procedimiento de votación habría generado, según la versión de Espinoza, un resultado distinto en su caso comparado con el de los demás fiscales supremos involucrados. La magistrada considera que esto demostraría una intención premeditada del Congreso para conseguir su separación definitiva del Ministerio Público.
Ratifica compromiso de no dar su brazo a torcer
Pese a la decisión de la Comisión Permanente, Delia Espinoza se mostró firme en su posición de continuar defendiendo su actuación como fiscal de la Nación. La magistrada advirtió que no se quedará callada y que hará valer sus derechos en las instancias correspondientes.
«Me van a escuchar. Hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación», sentenció Espinoza, dejando entrever que recurrirá a todas las vías legales disponibles para revertir lo que califica como una decisión irregular y motivada por razones políticas.
El caso de Delia Espinoza ha generado un intenso debate en los círculos políticos y jurídicos del país. Mientras algunos sectores respaldan el proceso de control político iniciado por el Congreso, otros consideran que se trataría de un acto de persecución contra una magistrada que habría ejercido sus funciones de fiscalización sobre el poder.
La controversia evidencia, una vez más, la tensa relación existente entre el Ministerio Público y el Congreso de la República, particularmente en un contexto donde múltiples legisladores han sido objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción. El desenlace de este caso podría sentar precedentes importantes sobre los límites del control político parlamentario sobre los funcionarios del sistema de justicia.