La fiscal suspendida respondió con dureza ante intento de inhabilitación por investigar presuntas irregularidades parlamentarias
En una tensa sesión ante la Comisión Permanente del Congreso, Delia Espinoza, quien actualmente se encuentra suspendida del cargo de fiscal de la Nación, presentó sus descargos frente al segundo proceso de denuncia constitucional iniciado en su contra. La congresista Kira Alcarraz sería quien impulsa este proceso que pretendería apartarla de la función pública por una década.
El origen del conflicto se remontaría a la decisión de Espinoza de iniciar investigaciones contra parlamentarios que habrían estado percibiendo simultáneamente sus remuneraciones como congresistas y sus pensiones como personal militar retirado, lo que configuraría una presunta doble percepción económica irregular del Estado.
Durante su intervención, la fiscal habría cuestionado duramente los fundamentos del proceso en su contra. Según sus declaraciones, aunque el Congreso tendría facultades constitucionales para conducir antejuicios y juicios políticos, estos procedimientos deberían sustentarse en bases jurídicas sólidas y no en motivaciones de otra naturaleza.
Espinoza habría sido enfática al señalar que la ausencia de argumentos legales consistentes evidenciaría lo que ella calificó como una «dictadura congresal». Además, habría advertido sobre la existencia de un Estado que actuaría de manera tiránica y despótica, guiándose únicamente por intereses particulares o con fines de persecución política contra una funcionaria que simplemente habría cumplido con sus responsabilidades institucionales.
Este nuevo episodio profundizaría el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Legislativo, en medio de un clima político donde las investigaciones anticorrupción habrían generado múltiples roces institucionales. La estrategia de algunos sectores del Congreso parecería apuntar a debilitar la autonomía fiscal mediante procesos disciplinarios contra quienes investigarían presuntas irregularidades de parlamentarios.
La posibilidad de una inhabilitación de diez años representaría no solo un golpe a la carrera de Espinoza, sino que también enviaría un mensaje a otros fiscales sobre las consecuencias de investigar al poder político. El desenlace de este caso podría marcar un precedente importante sobre los límites del control parlamentario frente a la autonomía del Ministerio Público.