Los mismos que se aprobaron cobrar doble sueldo quisieron castigar a quien los denunció. Necesitaban 68 votos, solo juntaron 57 y el caso se fue al archivo. Pero ojo: Montoya ya pidió reconsideración.
Señores, hay que decir las cosas como son. El Congreso de la República intentó inhabilitar por segunda vez a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por diez años de la función pública, y fracasó. La votación realizada el miércoles 12 de marzo arrojó 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, cifra que se quedó lejos de los 68 votos que exige la Constitución para inhabilitar a un fiscal supremo. El expediente fue enviado al archivo.
¿Y por qué querían inhabilitarla? Aquí viene lo indignante: porque Delia Espinoza hizo su trabajo. Cuando era fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra once congresistas que votaron a favor del Proyecto de Ley 319/2021-CR, una norma que les permitió a los parlamentarios que fueron miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional cobrar su pensión militar al mismo tiempo que su jugoso sueldo de congresistas. Es decir, se aprobaron un beneficio para su propio bolsillo y cuando alguien los denunció, quisieron sacarlo del camino.
Las denuncias constitucionales 563 y 618, impulsadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi, buscaban castigar a Espinoza por atreverse a fiscalizar al Parlamento. ¿Les suena a venganza? Porque eso es lo que parece.
Durante la sesión, el congresista Jorge Montoya sustentó el informe argumentando que Espinoza vulneró la inviolabilidad parlamentaria porque, según el artículo 93 de la Constitución, los congresistas no responden por sus votos ni opiniones. ¿Saben qué significa eso en la práctica? Que según esa lógica, un congresista puede votar lo que le dé la gana —incluso leyes que lo beneficien directamente— y nadie puede cuestionarlo. ¿Eso les parece democracia?
La propia Espinoza se presentó ante el pleno y no se quedó callada. Denunció que el proceso responde a una represalia política y fue contundente: cuestionó que algunos congresistas necesitan impunidad y que por eso buscan eliminar a quienes se atreven a investigarlos. Su abogado, Rodolfo Pérez, desmontó los argumentos del informe señalando que la fiscal de la Nación es la única autoridad independiente que puede presentar denuncias constitucionales contra congresistas, y que hacerlo es parte esencial de la separación de poderes. Pérez también cuestionó que el informe se redactó en menos de 24 horas y que durante la sesión de la comisión ni siquiera le formularon una pregunta a su defendida.
Hay que recordar que esta es la segunda vez que el Congreso intenta inhabilitar a Espinoza. En diciembre de 2025 ya le impusieron una primera inhabilitación de diez años en un proceso igualmente cuestionado, donde primero no alcanzaron los votos pero lograron una reconsideración exprés que revirtió el resultado. Esa primera inhabilitación está siendo impugnada ante el Poder Judicial mediante una demanda de amparo.
Y ahora, ¿saben qué viene? Montoya ya presentó reconsideración, así que el pleno podría volver a evaluar el tema. La misma jugada que les funcionó en diciembre. Habrá que estar atentos.
Mientras tanto, Delia Espinoza no se detiene. Este sábado 14 de marzo disputará la segunda vuelta por el decanato del Colegio de Abogados de Lima, donde llega como favorita con más de 18,000 votos obtenidos en primera vuelta frente a los 12,604 de su rival Humberto Abanto. Queda claro que mientras el Congreso busca silenciarla, los abogados del país la respaldan.