El informe que buscaba inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación no alcanzó los votos necesarios en el Pleno
El Pleno del Congreso no logró reunir los votos necesarios para aprobar el informe final que buscaba la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza, quien ejerció como fiscal de la Nación de forma temporal. La acusación constitucional contra la magistrada se habría sustentado en la presunta infracción de la Constitución por el supuesto «desacato» a la Ley N° 32130, normativa que habría devuelto a la Policía Nacional la facultad de conducir las investigaciones preliminares de delitos.
La votación habría evidenciado la falta de consenso en el Parlamento para sancionar a Espinoza, quien enfrentaba una de las acusaciones constitucionales más polémicas de los últimos meses. El caso habría generado un intenso debate sobre los límites del control político sobre las instituciones autónomas y el rol del Ministerio Público.
Según fuentes del Congreso, el informe habría necesitado un mínimo de votos para proceder con la inhabilitación, cifra que no se habría alcanzado en la sesión plenaria. Esta situación representaría un revés para los sectores que promovían la sanción contra la exfiscal de la Nación.
La acusación habría estado centrada en el supuesto incumplimiento de la Ley N° 32130, que modificaría las competencias en las investigaciones preliminares, trasladando la conducción de las mismas a la Policía Nacional. Espinoza habría sido cuestionada por su postura frente a esta normativa durante su gestión temporal al frente del Ministerio Público.