La fiscal que denunció a 11 congresistas ahora enfrenta sanción que le impide ejercer cualquier cargo público: «Me están castigando por no someterme»
¡SEÑORES Y SEÑORAS! El Congreso de la República acaba de dar un golpe definitivo contra la fiscal Delia Espinoza. Este miércoles 3 de diciembre, con 71 votos a favor, el Pleno aprobó inhabilitarla por 10 años, cerrándole las puertas al Ministerio Público y a cualquier cargo en el Estado.
La decisión llegó después de un primer intento fallido. En la votación inicial, la propuesta solo consiguió 63 votos de los 68 necesarios, lo que significaba que la denuncia constitucional iba directo al archivo. Pero aquí viene lo interesante, compatriotas: los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow pidieron reconsideración y, como por arte de magia, en la segunda votación aparecieron 71 votos a favor. ¿Coincidencia? Ustedes saquen sus conclusiones.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales justifica esta sanción señalando que Espinoza habría impulsado el reglamento «Actuación Fiscal en la Investigación del delito», un documento que presuntamente violaría la Ley 32130. Sin embargo, y esto es lo que nadie quiere decir con claridad, informes oficiales indican que ese reglamento nunca pasó por debate ni votación de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Quién lo habría elaborado entonces? Juan Carlos Villena, cuando ejercía como fiscal de la Nación interino.
Ante el Pleno del Congreso, con 116 parlamentarios presentes, Delia Espinoza no se quedó callada. Denunció que esta inhabilitación sería una venganza política por las denuncias constitucionales que ella presentó contra varios congresistas. «O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, pierdes tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer», fueron sus palabras textuales.
Los defensores de Espinoza argumentan que su trabajo siempre estuvo dentro del marco constitucional y que su única misión era defender la legalidad. Pero el informe aprobado por el Congreso sostiene que habría transgredido los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, configurando presuntamente los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Le preparan una segunda inhabilitación
Como si 10 años no fueran suficientes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya aprobó un segundo informe que busca sacar a Delia Espinoza de la función pública por otros 10 años adicionales. Sí, leyeron bien: en total serían 20 años sin poder ejercer cargo alguno.
Este nuevo expediente, elaborado por el congresista Elvis Vergara Mendoza, señala nuevamente presuntas infracciones constitucionales y los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. ¿Y cuál sería la razón de esta segunda inhabilitación? La denuncia constitucional que la propia Espinoza presentó contra once legisladores.
Estos congresistas votaron a favor de una ley polémica que permite a exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cobrar, al mismo tiempo, pensión y remuneración. Una norma que desató debate nacional sobre el uso de recursos públicos.
El informe sostiene que al denunciar a estos congresistas, Espinoza habría vulnerado los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución peruana. Su defensa insiste en que lo único que hizo fue proteger la legalidad y buscar que se investiguen posibles irregularidades en el Congreso, algo que estaría dentro de sus atribuciones como fiscal.
Lo que quedó claro este miércoles es que el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Congreso llegó a un punto de quiebre. La inhabilitación de Delia Espinoza marca un precedente peligroso sobre los límites de la autonomía fiscal y el poder que tiene el Legislativo para sancionar a quienes los investigan.