Ayer miércoles: Parlamentarios se «blindan» contra sanciones mientras 13 de ellos están siendo investigados por el Jurado Nacional de Elecciones
¡La jugada maestra se consumó! Los señores congresistas no solo se habrían autorizado hacer campaña con plata del Estado, sino que lo habrían hecho justo cuando 13 de ellos están siendo investigados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por violar la neutralidad electoral.
Ayer miércoles 20 de agosto, con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso habría aprobado la Resolución Legislativa 11306 que los exonera de responsabilidad por infringir la neutralidad electoral. Sí, señores y señoras, se habrían dado a sí mismos un «blindaje» legal contra las investigaciones del JNE.
El timing perfecto: blindarse mientras los investigan
¿Casualidad? Lo dudamos. Según informes de fiscalización del JNE, al menos 13 congresistas de diferentes bancadas habrían vulnerado el principio de neutralidad al realizar actos a favor de sus partidos políticos durante el actual período electoral.
Entre los investigados estarían cinco congresistas de Perú Libre (María Agüero, Flavio Cruz, María Taipe, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo) y José Elías de APP, quienes habrían usado las instalaciones del Congreso para actividades partidarias.
¿Y quién habría presentado la reconsideración para aprobar esta norma? ¡Exacto! Segundo Montalvo de Perú Libre, uno de los investigados por el JNE. ¡Qué conveniente!
La norma del JNE que pretenden burlar
Desde el 27 de marzo de 2025, fecha en que se convocaron las Elecciones Generales 2026, está vigente la normativa del JNE que exige neutralidad electoral a todos los funcionarios públicos. Esta norma prohíbe interferir en la libertad de sufragio, direccionar el voto y efectuar propaganda a favor o en contra de algún candidato.
Según el Reglamento sobre Propaganda Electoral del JNE, los funcionarios públicos que quieren hacer campaña deben solicitar licencia sin goce de haber. Pero los congresistas se habrían autopromulgado una ley para saltarse esta obligación.
Roberto Burneo, presidente del JNE, ya había advertido hace dos semanas que era importante fortalecer las normas para sancionar a funcionarios que vulneren la neutralidad electoral. Ahora sabemos por qué los congresistas se apuraron en aprobar este «blindaje».
El día que casi se cae el negocio (pero los investigados salvaron la votación)
El pasado 14 de agosto, este proyecto habría sido derrotado porque no logró los 65 votos necesarios. Solo obtuvo 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones. Parecía que la sensatez había triunfado.
Pero cuando uno de los investigados por el JNE presenta una reconsideración, las cosas cambian. Segundo Montalvo de Perú Libre – quien está bajo investigación por participar en la presentación de la memoria anual de su partido en el Congreso – habría presentado la reconsideración para que se vote nuevamente.
Y ayer miércoles 20 de agosto, ¡sorpresa! Esta vez sí habrían conseguido los votos: 82 a favor, 23 en contra y 8 abstenciones. El autobombo con blindaje legal había sido aprobado.
Los expertos que advirtieron el peligro (y fueron ignorados)
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi había advertido que el proyecto tenía «errores y horrores» porque pretendía «crear un escudo para que los parlamentarios puedan violar el principio de neutralidad electoral».
Víctor Andrés García Belaunde, excongresista de Acción Popular, lo había calificado como «inaceptable»: «Los alcaldes o los ministros renuncian o piden licencia sin goce de haber para poder competir en elecciones. El cargo de congresista es irrenunciable, pero eso no significa que tengan el derecho a participar con tiempo y recursos del Congreso».
José Naupari, especialista en derecho electoral, también había advertido que «mientras yo estoy haciendo uso del cargo, no puedo hacer campaña política» y que deberían pedir licencia sin goce de haber.
Pero todos fueron ignorados. Los congresistas tenían otros planes.
Las bancadas del «sí» al autobombo
Las bancadas que habrían dado luz verde a este proyecto que modificaría el reglamento del Congreso fueron:
- Fuerza Popular (los autores de la propuesta)
- Alianza para el Progreso
- Acción Popular
- Somos Perú
- Perú Libre (la contradicción hecha bancada)
- Renovación Popular
Solo Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista se habrían opuesto. Al menos alguien tendría un poco de vergüenza en ese Congreso.
La defensa de los indefendibles
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, habría salido ayer mismo a defender esta medida en RPP. Según él, las críticas serían «infundadas y fuera de lugar». ¡Por favor! El señor habría dicho que «el congresista cuando actúa políticamente está representando a los que eventualmente votaron por él en la elección anterior».
¿En serio? ¿Usar recursos del Estado para hacer campaña es representar al pueblo? Qué conveniente forma de ver las cosas.
Arturo Alegría, el fujimorista autor del proyecto, habría argumentado que los congresistas «no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia». Claro, y por eso necesitan S/2,800 mensuales del pueblo para hacer sus campañas.
Las voces de la sensatez que fueron ignoradas
No todos se habrían tragado este cuento. La congresista Gladys Echaíz habría calificado la propuesta como «poco ética» y un «aprovechamiento indebido». Según ella, permitir usar la semana de representación en campañas políticas «podría interpretarse como una forma indirecta de financiamiento con fondos del Congreso».
José Naupari, experto en temas electorales, también había advertido sobre los riesgos de esta medida. «Mientras yo estoy haciendo uso del cargo, no puedo hacer campaña política», habría declarado en Canal N.
¿Qué dice exactamente este «blindaje legal»?
El Congreso habría aprobado incorporar el artículo 25-A a su reglamento bajo el título «Principio de neutralidad respecto de los parlamentarios». La norma establecería:
«Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en que se desarrollen sesiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva».
Traducción: pueden hacer campaña con plata del Estado durante la semana de representación (S/2,800 mensuales), usar recursos públicos para sus actividades políticas, y todo eso ahora sería legal porque ellos mismos se habrían dado esa autorización.
La ventaja desleal que se habrían otorgado
Mientras otros funcionarios públicos deben renunciar o pedir licencia sin goce de haber para hacer campaña, los congresistas se habrían creado una excepción a su medida. Ahora podrían:
- Usar los S/2,800 mensuales de la semana de representación para campaña
- Realizar actividades partidarias sin renunciar al cargo
- Estar exentos de las sanciones del JNE por violar la neutralidad electoral
- Tener una ventaja desleal frente a otros candidatos que sí deben cumplir las reglas
Es decir, se habrían convertido en candidatos de «primera clase» con privilegios que el resto no tiene.
El timing perfecto para el autobombo
Esta aprobación llegó en el momento perfecto: a poco más de un año de las Elecciones Generales 2026, cuando muchos de estos congresistas buscarían reelegirse como diputados o senadores en el nuevo sistema bicameral.
Recordemos que en marzo de 2024 se habría restablecido la reelección inmediata para parlamentarios. Casualidad que ahora se hayan autorizado usar recursos públicos para sus campañas, ¿no?
El mensaje para el pueblo
Señores y señoras, esto ya no es solo sobre hacer campaña con recursos públicos. Es mucho más grave: es sobre congresistas que se habrían blindado legalmente contra investigaciones del JNE mientras están siendo investigados por violar las normas electorales.
Es sobre parlamentarios que, en lugar de respetar las reglas del juego democrático, se habrían cambiado las reglas para beneficiarse. Es sobre una clase política que considera que las leyes son para otros, no para ellos.
Mientras 13 de sus colegas están siendo investigados por el JNE, ayer decidieron aprobar una norma que los protege de futuras sanciones. ¿No les parece conveniente el timing?
Esta boca no la calla nadie para denunciar este escándalo. El Congreso no solo se habría autorizado hacer campaña con nuestra plata, sino que se habría blindado contra las consecuencias legales de violar la neutralidad electoral.
¿Ustedes qué opinan de este blindaje legal aprobado ayer mientras los investigan? ¿Les parece correcto que se exoneren a sí mismos de cumplir las normas que todos los demás funcionarios deben respetar? ¿No era que vivíamos en un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley?