Segunda Fiscalía Suprema abrió investigación por violencia contra la autoridad con agravante de funcionaria pública
Una congresista que debería dar el ejemplo ahora enfrenta una investigación fiscal que podría terminar con ella tras las rejas. La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal decidió abrir proceso preliminar contra Kira Alcarraz por violencia contra la autoridad, y no es cualquier caso: tiene la agravante de ser funcionaria pública. ¿La razón? Agredió a un trabajador del SAT que solo estaba haciendo su trabajo.
Todo comenzó el 5 de enero en San Juan de Miraflores. Juan Carlos de la Vía, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), intentaba cumplir con una orden de captura vehicular sobre la camioneta de la parlamentaria. Pero Alcarraz no se quedó de brazos cruzados e interfirió directamente en el procedimiento, desatando un incidente que ahora está en manos de la fiscalía. La investigación preliminar tiene un plazo de 60 días, y quien está a cargo es nada menos que Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.
Los golpes, amenazas y el celular arrebatado
El informe policial de la comisaría de San Juan de Miraflores es contundente: la congresista propinó golpes en el rostro al trabajador. No fueron empujones ni un simple forcejeo, fueron golpes que le causaron una tumefacción leve a Juan Carlos de la Vía. Pero ahí no terminó todo.
Según consta en el documento oficial, Alcarraz le arrebató el celular al trabajador y lo amenazó con algo que debería indignar a cualquier ciudadano: le dijo que perdería su empleo si seguía con la intervención. Estamos hablando de un intento directo de impedir que una autoridad pública cumpla con sus funciones. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Acaso hay peruanos que están por encima de la ley?
Lo más importante: todo quedó registrado en video por el mismo personal del SAT. Esas imágenes ya fueron difundidas por un dominical y ahora formarán parte central de la investigación fiscal, junto con las declaraciones de la congresista, del trabajador agredido y de todos los testigos que estuvieron presentes.
La fiscalía ya está actuando
La investigación no se limita solo a revisar papeles. La fiscalía programó una diligencia de verificación directamente en el lugar donde ocurrió la agresión. El objetivo es claro: corroborar cada detalle de la denuncia, revisar los reportes policiales y determinar con exactitud qué pasó durante esa intervención y cómo se comportó la congresista.
Ahora viene lo importante: si después de la investigación se confirma la acusación y se llega a una sentencia condenatoria por violencia contra la autoridad con la agravante de ser funcionaria pública, Kira Alcarraz podría recibir una pena de entre 4 y 8 años de prisión según el Código Penal. Pero estamos hablando de un proceso que recién comienza. La fiscalía tiene 60 días para evaluar toda la evidencia —los videos, los testimonios, los informes— antes de decidir si presenta o no la acusación formal.
Kira Alcarraz da su versión: «Abuso de poder del SAT»
La congresista decidió romper su silencio y defender su posición en el programa Beto a Saber. Según Alcarraz, ella no cometió ninguna agresión. Al contrario, asegura que fue víctima de un abuso de poder por parte del SAT, que intentó llevarse su vehículo de manera indebida.
«Yo en la mañana ya había revisado mi carro, no tenía ni una papeleta. Entonces, yo le digo: ¿De qué papeleta me está hablando? Si yo en la mañana he revisado, no tengo. Y me dice: No, usted tenía un carro antes de este. Y yo le digo: ¿Ese auto es el CAS? Sí, me dice, está con orden de captura. Y le digo: Ese auto lo he vendido el año pasado. Yo no tengo ninguna papeleta», explicó.
La congresista sostiene que el personal del SAT le informó que las papeletas de su antiguo vehículo habrían sido «transferidas» a su nueva camioneta. Una afirmación que, según los abogados que consultó, sería errónea e imposible jurídicamente. Pero hay más: Alcarraz denunció que mientras ella conversaba con uno de los fiscalizadores, otro trabajador hacía señas para que entrara la grúa.
«Es un modus operandi para distraer a los conductores mientras empiezan a remolcar el vehículo», afirmó la parlamentaria. Cuando se dio cuenta, según su relato, el cable ya estaba siendo enganchado a su camioneta, y fue en ese momento que reaccionó preguntando: «¿Qué pasa? ¿Por qué están haciendo…?».
Ahora será la fiscalía quien determine qué versión se ajusta más a la realidad: si fue una agresión clara de una congresista que impidió el trabajo de una autoridad, o si fue una defensa legítima ante un presunto abuso del SAT. Los próximos 60 días serán clave.