Desde miembros del caso ‘Los Niños’ hasta acusados de ‘mochasueldo’, los nuevos líderes de grupos como Fiscalización, Economía y Vivienda generarían una profunda indignación
Señores y señoras, lo que estaría ocurriendo en el Congreso de la República es, para muchos, una verdadera bofetada a la decencia. El Parlamento habría iniciado la renovación de sus comisiones para el periodo 2025-2026, y las primeras elecciones ratificarían una de las peores prácticas: poner al frente de grupos de trabajo cruciales a legisladores con serias investigaciones fiscales y antecedentes que mancharían su trayectoria.
Estas designaciones, señores, no serían casualidad. Responderían a oscuras cuotas de poder negociadas entre las bancadas desde julio, como parte de los acuerdos para la Mesa Directiva.
Una Presunta Invasora a Cargo de Vivienda
La congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) habría sido elegida presidenta de la Comisión de Vivienda. Sobre ella pesarían denuncias por la presunta ocupación irregular de espacios públicos y se le acusaría de haber omitido información en su hoja de vida. Además, una investigación periodística reveló que Acuña habría realizado trámites para obtener una concesión minera, a pesar de que la ley se lo prohibiría. Por si fuera poco, su esposo habría adquirido concesiones en Pataz, conocida como la capital de la minería ilegal, mientras su cuñado, César Acuña, es gobernador de la región.
Un ‘Niño’ para Fiscalizar
En una decisión que generaría máxima controversia, el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), sindicado como parte del caso ‘Los Niños’, presidirá nada menos que la Comisión de Fiscalización. ¿Se imaginan? La Fiscalía de la Nación lo investiga por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, por supuestamente negociar votos a cambio de direccionar licitaciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo. Vergara, sin embargo, asegura tener «las manos limpias».
Conflictos de Interés en Economía y ‘Mochasueldos’ en Salud
La Comisión de Economía estaría en manos de Víctor Flores (Fuerza Popular), quien habría sido cuestionado por un presunto conflicto de interés. Flores habría votado a favor de ampliar el Registro de Formalización Minera (Reinfo) sin informar que sus propias empresas tendrían concesiones donde operarían mineros informales.
Mientras tanto, la Comisión de Salud será presidida por Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), quien enfrenta una denuncia constitucional por el presunto delito de concusión, en el escandaloso caso de los ‘mochasueldos’. Se le acusa de haber exigido recortes de sueldo a los trabajadores de su despacho.
La lista, lamentablemente, continúa. Alex Paredes (Somos Perú), conocido por presuntamente blindar a congresistas cuestionados, estaría en la Comisión de Trabajo. Arturo Alegría (Fuerza Popular), con estudios no concluidos, en la crucial Comisión de Constitución, y Alejandro Soto (APP), expresidente del Congreso calificado como hostil con la prensa, liderará la Comisión de Presupuesto.
Para el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, es un «peligro público» que personajes con tan graves denuncias presidan comisiones. Parece, señores, que algunos congresistas, sabiendo que quizás nunca más volverán a ser elegidos, estarían buscando beneficiarse con intereses subalternos en su último año.