La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales busca inhabilitación de 10 años contra el expresidente y parte de su gabinete
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República habría dado un paso importante en el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, al admitir a trámite la denuncia presentada contra el expresidente Pedro Castillo y varios exministros de su gobierno.
El documento, que recibió un informe favorable de calificación por parte de la secretaría de la subcomisión presidida por María Acuña (APP), habría cumplido con todos los requisitos formales exigidos para iniciar este proceso constitucional.
Las denuncias, presentadas originalmente por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), fueron unificadas en un solo informe por tratarse de los mismos hechos. Los implicados en esta acusación constitucional serían Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, mientras que se desestimaron los cargos contra el exministro Gustavo Bobbio.
Es importante señalar que, si bien se admitió el proceso por presunta infracción constitucional que podría llevar a una inhabilitación de 10 años de la función pública contra Castillo Terrones, la subcomisión habría rechazado los cargos penales de rebelión y conspiración que fueron solicitados como parte de un antejuicio político.
El siguiente paso en este proceso sería que la Comisión Permanente agende este caso para otorgarle un plazo de investigación, tras lo cual la carpeta regresaría a la subcomisión y se asignaría a un parlamentario delegado para realizar las investigaciones correspondientes y elaborar un informe que deberá ser sometido a votación.
Otras denuncias admitidas
En la misma sesión, la subcomisión también habría aprobado el informe de calificación para admitir la denuncia constitucional 520 planteada por el anterior fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Los cargos por presunta colusión simple y agravada estarían relacionados con una supuesta injerencia indebida en la contratación de diversas personas en puestos públicos de confianza, específicamente en el caso de una presunta concertación para contratar a Rosa Rivera como funcionaria dentro de Devida.
Por otro lado, la subcomisión declaró improcedente una tercera acusación constitucional, la 566, presentada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Luis Arce Córdova por presunto tráfico de influencias durante su gestión como fiscal supremo.
