El Ministerio Público habría entrado en la mira del Parlamento por oponerse a decisiones clave
Los señores del Congreso habrían decidido acelerar el proceso para apartar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, del cargo. Cuatro denuncias constitucionales avanzan simultáneamente con un objetivo claro: inhabilitarla de la función pública. Los ataques vendrían desde distintos flancos parlamentarios, coincidiendo con las investigaciones que Espinoza estaría realizando contra varios congresistas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por María Acuña de Alianza Para el Progreso, habría convocado a Espinoza para este viernes. La citación estaría relacionada con la denuncia constitucional presentada por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, quien cuestiona que la Junta de Fiscales Supremos decidiera inaplicar la ley que delega a la Policía Nacional la facultad de liderar investigaciones preliminares.
Esta controversia habría llevado al Ministerio Público a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, mientras se resuelve este conflicto, la denuncia de Rospigliosi continúa avanzando. El parlamentario de Renovación Popular, Esdras Medina, habría sido elegido como delegado para elaborar el informe final.
Espinoza no participará de la convocatoria debido a que debe viajar a Italia para participar entre el 18 y 19 de julio en el «Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino». La convocatoria habría sido enviada el 14 de julio, un día antes de que se conociera sobre su viaje oficial.
Segunda denuncia avanza en paralelo. La SAC habría aprobado el informe de calificación de otra denuncia constitucional interpuesta por la bancada de Renovación Popular. Esta vez, Espinoza estaría siendo señalada de presuntamente haber favorecido al fiscal supremo Pablo Sánchez al archivar una investigación en su contra por el caso «CNM Audios». La bancada pide que sea inhabilitada por 10 años de la función pública.
La batalla por Patricia Benavides. Una tercera denuncia constitucional estaría avanzando contra Espinoza, Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez por haber rechazado la decisión de la Junta Nacional de Justicia de restituir a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Esta denuncia, aprobada el 1 de julio por la SAC, buscaría inhabilitar a todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
El caso Santiváñez completa el cerco. La cuarta denuncia constitucional habría sido interpuesta por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien acusa a Espinoza de presunto abuso de autoridad y vulneración del derecho a la intimidad. La fiscal estaría siendo señalada de presuntamente haber filtrado información de una investigación en su contra. La congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular habría sido designada como delegada para elaborar el informe final.
Todas las denuncias constitucionales tendrían un denominador común: buscan la inhabilitación de Delia Espinoza de la función pública. La coincidencia temporal de estos procesos habría generado suspicacias sobre una posible coordinación parlamentaria para apartar a la fiscal de la Nación en momentos en que investiga a varios congresistas por diversos casos.