Espinoza reveló que 5 de 7 congresistas que votaron archivo de Benavides estarían siendo investigados por el Ministerio Público
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, habría destapado un presunto manejo discrecional y selectivo por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en el tratamiento de las denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público. Durante la conferencia de prensa del balance del primer semestre 2025, la titular del MP habría denunciado lo que calificó como un sistema de tramitación «a la carta», donde algunas denuncias se procesarían rápidamente mientras otras permanecerían sin ser tocadas por meses o incluso años.
«Como que tenemos un menú y se escoge», habría declarado Espinoza, quien presentó cifras que evidenciarían este presunto comportamiento irregular. De las 45 denuncias constitucionales presentadas durante su gestión, solo 10 habrían sido archivadas por el Congreso, pero el patrón de selección habría generado serias preocupaciones sobre los criterios utilizados.
El caso Benavides: conflicto de intereses evidente
El punto más controversial habría surgido al analizar el archivo de la denuncia constitucional contra la exfiscal Patricia Benavides. Espinoza habría revelado que este caso fue incorporado «a última hora» el 25 de julio por el congresista Ventura, en una sesión donde presuntamente se habría violado el artículo 89 del Reglamento del Congreso al no realizarse debate alguno antes de la votación.
Lo más grave sería el evidente conflicto de intereses: de los 7 congresistas que votaron para archivar la denuncia contra Benavides, 5 de ellos estarían siendo investigados actualmente por el Ministerio Público. «Conflicto de intereses, sí, hay que decirlo», habría enfatizado la Fiscal de la Nación, comparando esta situación con la ética que practican los fiscales cuando se apartan de casos donde podrían tener algún interés personal.
Tramitación selectiva que genera interrogantes
La Fiscal habría mostrado un cuadro detallado donde se evidenciaría que mientras algunas denuncias constitucionales son tramitadas con «suma rapidez», otras permanecen completamente ignoradas. «¿Por qué este abordaje selectivo no solo para el trámite, sino también para el archivo?», se habría preguntado Espinoza, sugiriendo que existe un patrón que merece explicación por parte de quienes presiden la subcomisión.
El timing del archivo de la denuncia contra Benavides también habría resultado sospechoso, ya que se habría realizado conociendo públicamente que el 30 de julio habría una apelación en la Corte Suprema. Este elemento habría sido utilizado posteriormente por el máximo tribunal para fundamentar su decisión, basándose en el formalismo de que al haber sido archivada la denuncia, «ya no hay caso».
Falta de transparencia en las comunicaciones
Otro aspecto que habría generado malestar en la Fiscalía sería la práctica del Congreso de comunicar primero a los medios de prensa sobre los archivos, y solo semanas o meses después notificar formalmente al Ministerio Público. Esta situación habría debilitado la capacidad de la Fiscalía para conocer los argumentos del archivo y proceder conforme a sus atribuciones.
«Esto es preocupante. Es muy preocupante», habría subrayado Espinoza, quien también habría señalado que el informe técnico del congresista ponente en el caso Benavides recomendaba proceder con la denuncia constitucional, pero este documento aún no habría sido notificado oficialmente a la Fiscalía.
El control político que se habría desnaturalizado
La Fiscal de la Nación habría explicado que el control que debe ejercer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería ser fundamentalmente político, orientado a verificar que las denuncias no tengan motivaciones de persecución política. Sin embargo, habría denunciado que actualmente estarían haciendo «un control político como si fueran un juez o un fiscal», hablando de tipicidad y atipicidad, aspectos que no le corresponderían al Congreso.
«Al Congreso solamente le corresponde ver hay o no hay motivaciones políticas. Ah, no las hay. Listo», habría explicado Espinoza, recordando que una vez superada esta valla, los casos deberían pasar al Poder Judicial para el debido proceso.
Cifras que respaldan la seriedad del trabajo fiscal
Para contrarrestar cualquier acusación de persecución política, la Fiscal habría presentado cifras contundentes: de las 586 denuncias manejadas durante su gestión, 237 habrían sido archivadas (40%), lo que demostraría que «donde no hay razones, donde no hay elementos mínimos indiciarios, procedemos a archivar».
«En la Fiscalía de la Nación no se fuerza nada, no se inventa nada, pero tampoco se oculta nada», habría enfatizado, recordando que las denuncias constitucionales que presentan están «bien sustentadas» porque son muy responsables de no llevar a cualquier persona ante una denuncia sin fundamentos sólidos.
Un llamado a la responsabilidad institucional
La denuncia de Espinoza habría puesto en evidencia una crisis en el sistema de pesos y contrapesos del Estado peruano, donde el órgano encargado de ejercer control político sobre las denuncias contra altos funcionarios estaría operando con criterios que generarían dudas sobre su imparcialidad y transparencia.
La pregunta que habría quedado flotando en el ambiente sería clara: si quienes deben ejercer control sobre las denuncias constitucionales están ellos mismos siendo investigados, ¿puede esperarse un proceso justo e imparcial? La respuesta a esta interrogante podría definir la credibilidad del sistema de justicia peruano en los casos más sensibles que involucran a los más altos funcionarios del Estado.