Mayoría parlamentaria habría protegido al expresidente de acusación por peculado de uso
En una controvertida decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso habría rechazado este viernes la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto uso irregular de aeronaves militares para traslados familiares.
La votación habría sido cerrada: 7 legisladores en contra, 6 a favor y ninguna abstención, lo que habría significado el archivo definitivo del caso que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, había presentado por presunto peculado de uso.
La alianza que habría salvado a Castillo
La mayoría que habría blindado al expresidente se habría conformado por una inusual alianza entre Fuerza Popular y bancadas afines al gobierno de Castillo. Los congresistas Nilza Chacón, Víctor Flores y Martha Moyano, de la bancada naranja, se habrían sumado a legisladores de Perú Libre, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y la Bancada Socialista.
Esta decisión habría ido en contra de la recomendación del personal técnico de la subcomisión, que había sugerido que el caso fuera admitido a trámite para su investigación.
Los viajes cuestionados
Según la denuncia de la fiscal Espinoza, Pedro Castillo habría utilizado helicópteros del Ejército Peruano en al menos cinco ocasiones durante el 2022 para trasladarse, junto a familiares, a San Luis de Puña, en Cajamarca, donde residirían sus padres.
Los traslados presuntamente irregulares se habrían producido los días 19 y 20 de febrero, 15 y 17 de abril, y el 27 de junio del año pasado, todos con fines que habrían sido «ajenos a las funciones presidenciales», según la acusación fiscal.
El uso de recursos del Estado para fines personales habría configurado el delito de peculado de uso, por el cual la Fiscalía buscaba que se procese constitucionalmente al expresidente.
Un expresidente con múltiples frentes legales
Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Lima tras su fallido autogolpe de diciembre de 2022, enfrentaría múltiples investigaciones y procesos judiciales. Este archivo habría representado un respiro legal para el exmandatario en medio de sus complicaciones judiciales.
La decisión del Congreso generaría cuestionamientos sobre la independencia de los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos de control constitucional en el país.
