Subcomisión determina responsabilidad constitucional de ambos funcionarios por hechos del 7 de diciembre de 2022
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este jueves el informe final que recomienda la inhabilitación por diez años tanto para Betssy Chávez, exjefa del gabinete ministerial, como para Pedro Castillo, expresidente del Perú. La medida se sustentaría en su presunta participación en actos que habrían respaldado un gobierno considerado usurpador durante los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022.
El documento presentado por la Subcomisión señala que Betssy Chávez no se habría opuesto al contenido del controversial mensaje presidencial de ese día, ni habría impedido su ejecución. Según el informe, su renuncia, presentada horas después de emitido dicho mensaje, no habría evitado la implementación de medidas que serían cuestionadas constitucionalmente.
Respecto a Pedro Castillo, el informe indica que habría instruido la ejecución de actos que vulnerarían la Constitución Política del Perú, contando con la cooperación de diversos funcionarios públicos para llevar a cabo estas acciones.
La inhabilitación por diez años representa la sanción máxima que contempla la Constitución para infracciones de esta naturaleza. Esta medida incluye la suspensión o destitución del cargo, así como la prohibición de ejercer cualquier función pública durante el periodo establecido. La Subcomisión enfatizó que este proceso no constituye un juicio penal, sino un procedimiento de responsabilidad constitucional.
Archivan denuncia contra Roberto Sánchez
Adicionalmente, la decisión de la Subcomisión incluye la recomendación de archivar la denuncia constitucional presentada contra Roberto Sánchez Palomino, quien se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Esta determinación se adoptó al comprobarse que el funcionario no habría tenido participación en los hechos acontecidos el 7 de diciembre de 2022.
Debate polarizado en el Congreso
Durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones, las intervenciones de los congresistas evidenciaron la marcada polarización que rodea este proceso. La legisladora Martha Moyano defendió la vacancia de Pedro Castillo, argumentando que se habría tratado de un «delito de flagrancia» y que, por tanto, no habría sido necesario alcanzar los 104 votos establecidos reglamentariamente.
En contraste, el congresista Pasión Dávila cuestionó duramente la propuesta de inhabilitación. Dávila señaló que hasta el momento no se habría probado que el expresidente cometiera algún delito, y sostuvo que la sanción carecería de sustento jurídico sólido.
Por su parte, el congresista Jaime Quito criticó severamente el proceso, calificándolo como una persecución política. Quito afirmó que, pese a que no se habría logrado demostrar delitos de rebelión ni conspiración, el Congreso ya habría definido anticipadamente la sanción contra Betssy Chávez y Pedro Castillo. El legislador advirtió que este hecho marcaría negativamente la historia del Parlamento peruano.
Conductas observadas por la Subcomisión
El informe aprobado detalla que Betssy Chávez habría incurrido en conductas que respaldaron las decisiones presidenciales del 7 de diciembre. Entre estas acciones se incluiría la coordinación de medios de comunicación y la instrucción para permitir el ingreso de manifestantes a la Plaza Mayor de Lima, entre otros actos considerados irregulares.
En relación con Pedro Castillo, el documento señala que habría instruido a funcionarios públicos y a la Policía Nacional del Perú para ejecutar medidas que vulnerarían la Constitución. Estas órdenes habrían contado con el respaldo de ministros como Willy Huerta, quien habría facilitado el cumplimiento de las directivas presidenciales.
La Subcomisión concluye que ambos funcionarios habrían infringido múltiples artículos de la Constitución Política del Perú, razón por la cual propone la inhabilitación máxima de diez años para cada uno.
Debate en Pleno programado para el 19 de noviembre
El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que la discusión sobre la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el Pleno del Congreso de la República.
La sesión se realizará después de concluida la semana de representación parlamentaria. «El Consejo Directivo ha acordado el día de hoy que la próxima semana, después de representación, el día miércoles a las tres de la tarde se va a discutir en el Pleno del Congreso la situación de la señora Betssy Chávez», declaró Rospigliosi.
Este dictamen será remitido a la Comisión Permanente del Congreso para su debate y eventual aprobación final, mientras que la denuncia contra Roberto Sánchez Palomino queda definitivamente archivada.