El premier estaría tambaleando tras cuestionamientos por asesinatos de trabajadores mineros
El premier Gustavo Adrianzén enfrentaría una posible censura por parte del Congreso, luego de que se presentara una cuarta moción en su contra este miércoles. Ya serían 58 los legisladores, pertenecientes a 10 bancadas parlamentarias, que habrían firmado al menos una moción contra el primer ministro tras los lamentables asesinatos de trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad.
Las bancadas cuyos integrantes estarían impulsando estas mociones incluirían a Podemos, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Bancada Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Honor y Democracia, Bloque Democrático y Bloque Magisterial, además de varios legisladores no agrupados.
Para censurar al premier se necesitarían 66 votos como mínimo en el pleno. Según los números actuales, los congresistas firmantes pertenecerían a grupos parlamentarios que juntos sumarían 82 votos. Si a ellos se les añadieran los seis no agrupados, la cifra podría llegar a 88.
Sin embargo, la realidad sería más compleja. Resultaría improbable que todas las bancadas voten en bloque, y existe la posibilidad de que algunos parlamentarios retiren sus firmas en los próximos días, como habría ocurrido en ocasiones anteriores. Según reportes de El Comercio, en los últimos dos años, 50 congresistas habrían retirado sus firmas un total de 106 veces en 33 mociones, una práctica que se habría vuelto común en el actual Congreso.
El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, pese a haber firmado las cuatro mociones, habría precisado que «en su momento» su bloque decidirá si finalmente apoya o rechaza la censura. Por su parte, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, se habría mostrado más optimista: «Las fuerzas políticas del parlamento tenemos la hora cero. ¿Lo censuramos o lo blindamos? Nosotros lo censuraremos, sí hay 66 votos».
Sánchez señalaría que «la masacre de 13 peruanos en Pataz pudo evitarse, eso estaba en manos del primer ministro, quien al negar el hecho, políticamente hizo replegar las acciones del gobierno», haciendo referencia a que el pasado 26 de mayo, Adrianzén habría puesto en duda la veracidad del secuestro de los trabajadores mineros, cuyos restos fueron encontrados posteriormente, atados y con impactos de bala.
De prosperar la censura, Adrianzén tendría que presentar su renuncia y la presidenta Dina Boluarte estaría obligada a aceptarla en un plazo máximo de 72 horas, lo que generaría una crisis total del Gabinete, obligando a todos los ministros a renunciar también.
