El presidente del Congreso anunciaría que revisará los criterios para la designación de congresistas en comisiones clave, tras las críticas por el nombramiento de María Acuña como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Señores y señoras, una vez más el Congreso de la República nos daría una muestra de cómo funcionarían las cosas en nuestro país. ¿Puede una congresista con investigación fiscal vigente presidir la comisión que evaluaría denuncias constitucionales? Esa sería la pregunta que sacudiría al Parlamento tras la designación de María Acuña Peralta.
La congresista de Alianza para el Progreso (APP) habría sido elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esa instancia que se encargaría de revisar procesos de juicio político contra altos funcionarios del Estado. Pero aquí viene lo interesante: Acuña enfrentaría una investigación penal vigente por presunta colusión en su gestión como alcaldesa de la provincia de Chepén.
El presidente del Congreso, José Jerí, habría señalado que revisaría los criterios aplicados para la conformación de comisiones parlamentarias, especialmente en cargos tan sensibles como este. Durante una conferencia de prensa, Jerí habría asegurado que antes de emitir juicio, escucharía la versión de la congresista.
«Primero hay que analizar si esos cuestionamientos tienen razón de ser», habría expresado Jerí al ser consultado sobre el caso Acuña. El titular del Legislativo habría recordado que existirían restricciones reglamentarias que podrían impedir la participación de congresistas con investigaciones en comisiones sensibles.
Las bancadas y su responsabilidad
Jerí habría sido enfático en señalar que las bancadas tendrían que asumir un rol más riguroso. El presidente del Congreso habría planteado que se revisaría también si se cumplieron los requisitos previstos en el Reglamento del Congreso para ejercer funciones de liderazgo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría como función central la revisión de denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, incluidos el presidente de la República, ministros, congresistas, fiscales supremos y magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello, la presidencia de esta subcomisión exigiría no solo imparcialidad, sino legitimidad ética.
No sería el único caso
El caso de Acuña no sería el único que generaría cuestionamientos. Jerí habría mencionado también el caso de la congresista Digna Calle, quien vendría siendo investigada por presunto lavado de activos y que, aun así, habría continuado desempeñando funciones legislativas.
Diversas voces del Congreso y fuera de él habrían cuestionado que María Acuña asuma una de las presidencias más sensibles del Parlamento, mientras enfrentaría una investigación penal. Su cercanía con el líder de APP, César Acuña, y la dinámica de bancadas que buscarían asegurar posiciones clave, reforzarían la crítica de que el reparto político seguiría por encima del mérito personal.
Un Congreso en crisis
Este episodio se sumaría a una larga lista de cuestionamientos a la institucionalidad del Congreso, cuya imagen ante la ciudadanía se encontraría en uno de sus puntos más bajos. La elección de autoridades parlamentarias con antecedentes penales, sanciones éticas o investigaciones abiertas, alimentaría la percepción de impunidad e informalidad en la política nacional.
Jerí no habría descartado que la Comisión de Ética Parlamentaria pueda intervenir si se confirmaría algún tipo de incumplimiento normativo por parte de la congresista Acuña. No obstante, habría reiterado que todo congresista tendría derecho a la defensa.
La pregunta seguiría vigente, señores y señoras: ¿estaría el Congreso dispuesto a corregir estos errores, o seguiría priorizando acuerdos políticos antes que la ética parlamentaria?