Parlamentario de Acción Popular lanzó polémicas declaraciones durante interpelación a ministra Leslie Urteaga, quien también estaría siendo investigada por presunta corrupción
El congresista Edwin Martínez, integrante de la bancada de Acción Popular, habría generado gran controversia durante la interpelación a Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tras las intoxicaciones del programa Wasi Mikuna en Lima, Piura y Amazonas.
En declaraciones que están causando indignación en redes sociales, Martínez habría responsabilizado exclusivamente a las madres de familia por la alimentación de sus hijos, señalando que «la mamá tiene la obligación, si no tiene para comprar el alimento, al menos en participar en cocinar», en referencia a los productos distribuidos por los programas sociales del Estado.
«Deberían hacer un programa participativo como antes. Compren productos frescos, venidos de la chacra, leches, verduras, carnes, y las mamás que cocinen como cocinaban antes. Nos estamos acostumbrando a darlo todo y eso está mal», habría manifestado el parlamentario durante su intervención.
Estas declaraciones se suman a la polémica generada previamente por la propia ministra Urteaga, quien en una oportunidad habría sugerido que los escolares intoxicados tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuy podrían tener parte de responsabilidad, al «no tener las manos limpias» al momento de comer, en lugar de asumir una postura clara frente a las posibles fallas del programa estatal.
Leslie Urteaga: de la polémica en Cultura a la interpelación en el Midis
La ministra Leslie Urteaga no solo estaría enfrentando cuestionamientos por los casos de intoxicación en el programa Wasi Mikuna, sino que también estaría siendo investigada por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2019.
Según la Fiscalía, Urteaga habría coordinado con otros funcionarios la adquisición irregular de 1,500 hitos de concreto que no cumplirían con los requisitos técnicos establecidos, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado peruano de S/ 27,075.
En su rol como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble, se le acusaría de haber encargado de forma verbal a Hugo Zenón Infantes Quispe la recepción de los hitos sin especificaciones técnicas ni la debida coordinación con la Dirección de Catastro, área responsable de supervisar los aspectos técnicos del proceso.
Además, la investigación fiscal sostendría que Urteaga habría aprobado la recepción de los materiales pese a un retraso de 29 días, lo que habría generado una penalidad adicional de S/ 1,425 para el Estado.
La investigación también pondría en cuestión la participación de José Suárez Romero, un supuesto proveedor de más de 80 años que figuraría como contratista en los documentos, aunque en la dirección registrada de su empresa no existiría ninguna oficina comercial ni residencia asociada.
