PolíticaCongresista de César Acuña controlará millones por segundo año consecutivo

Con múltiples denuncias fiscales, el congresista de César Acuña controlaría recursos millonarios del país

Por segundo año consecutivo, el congresista Alejandro Soto Reyes, miembro del partido Alianza para el Progreso de César Acuña, ha asumido la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. El 11 de agosto, esta designación habría generado cuestionamientos sobre la idoneidad de una persona con múltiples investigaciones fiscales para manejar una de las comisiones más importantes del país.

Soto Reyes, abogado de profesión, cargaría un rosario de denuncias en el Ministerio Público que incluirían colusión, estafa y coacción. A pesar de estas investigaciones, el partido de César Acuña habría logrado mantener el control de la Comisión de Presupuesto, que se encarga de revisar, analizar y dictaminar todo lo concerniente a la ejecución del presupuesto nacional.

La relevancia de esta comisión radica en que debe analizar el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo remitirá el 30 de agosto para el año fiscal 2026, además de fiscalizar la ley de presupuesto anual, la cuenta general de la República, el endeudamiento público y el gasto estatal.

No sería casualidad que Alianza para el Progreso mantenga este control estratégico. Tener la presidencia significaría poder influir en la asignación de fondos, obras públicas y prioridades del país. Desde que Alejandro Soto Reyes asumió anteriormente la presidencia del Congreso, sus decenas de denuncias comenzaron a generar interrogantes sobre su capacidad para liderar cargos importantes.

Personal con denuncias en la comisión

La investigación de China Polo Dominical reveló que la Comisión de Presupuesto estaría conformada por 16 trabajadores con salarios que van desde los 3,000 hasta los 13,000 soles mensuales. De estos, tres se destacarían por contar con denuncias policiales por maltrato psicológico y agresión.

Úrsula de Córdoba López del Solar, quien trabajaba como técnica en la Comisión de Presupuesto, tendría dos denuncias por maltrato psicológico hacia su hija menor. Según información proporcionada por Fernando Quispe, encargado de prensa de la comisión, desde el 26 de julio ya no laboraría en este órgano.

Franco Morales Juárez, técnico de la comisión, habría sido denunciado por agresión el 27 de octubre del 2020 por su tía, quien es ambulante en Piura.

Silvana Acuña Zanini, asesora 2, contaría con dos denuncias por agresión fechadas el primero de agosto del 2015 y el 8 de julio del 2017, ocurridas en Trujillo. La denunciante Jaqueline Placencia manifestó que fue golpeada con puñetes, patadas, jalones de cabello y arañones. Una segunda denuncia policial fue presentada por su vecina, quien manifestó ante la policía que también fue agredida por Silvana.

Nombramiento irregular en Áncash

El 28 de octubre del 2019, Silvana Acuña Zanini habría sido designada como procuradora regional del Gobierno Regional de Áncash antes de cumplir los tres años de experiencia requeridos. Su nombramiento se habría realizado mediante un encargo irregular y sin concurso público.

Los exgobernadores Juan Carlos Morillo Uyoa y Henry Borja Cruzado, así como el gerente regional Johnny Muñante Quispe, quien firmó la resolución, estarían siendo investigados por nombramiento ilegal en la administración pública, según informó el portal Guaraz en línea.

Costos millonarios

La Comisión de Presupuesto le costaría al país más de 143,000 soles mensuales y más de 1,716,000 soles al año. Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña y su bancada encabezada por Alejandro Soto, tendría hoy un poder significativo en el Congreso, siendo responsables de manejar recursos millonarios y tomar decisiones que impactarían directamente a los peruanos.

Mientras La Libertad se desangraría por la criminalidad, César Acuña afirmaría que no es su culpa. El líder político, sediento de poder, seguiría buscando acaparar más control y como aliado indiscutible del actual gobierno, nos arrastraría hacia un abismo institucional.

El gobernador regional celebra 15 años de gestión con un derroche millonario a costa de una administración que sería calificada como pésima por diversos sectores. Hoy su alfil político manejaría el presupuesto nacional para asegurarse de que su región reciba aún más recursos.

Cuando se consultó al Congreso sobre estos trabajadores con denuncias, Fernando Quispe, encargado de la prensa de la comisión de presupuesto, indicó que ninguna de estas tres personas laboraría actualmente en la comisión, aunque reconoció que las dos primeras estarían trabajando en la presidencia.

La designación de una persona con múltiples investigaciones fiscales en un cargo tan sensible pondría en riesgo no solo la transparencia en el manejo de recursos públicos, sino también la credibilidad de las instituciones democráticas del país.