Congreso evalúa vacancia presidencial tras confirmar encubrimiento a Vladimir Cerrón
El futuro político de la presidenta Dina Boluarte estaría en una encrucijada tras la aprobación del informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el denominado ‘Caso Cofre’, que habría confirmado el uso indebido del vehículo presidencial para presuntamente facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La votación, que habría resultado en nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, marcaría un punto de inflexión en la crisis política que atraviesa el gobierno de Boluarte, especialmente porque el informe incluiría la recomendación más severa posible: evaluar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
Evidencias de favorecimiento
Según el documento aprobado, la Comisión habría determinado que existieron actos concretos de obstaculización a la justicia a través del presunto favorecimiento y encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón, quien permanecería oculto desde hace varios meses evadiendo órdenes de captura.
El informe habría concluido que el vehículo oficial de la presidencia habría sido utilizado de manera irregular, configurando no solo un mal uso de recursos del Estado, sino una presunta acción deliberada para facilitar las actividades de evasión del líder de Perú Libre.
Sanciones recomendadas
Entre las medidas que recomendaría la Comisión se encontrarían acciones civiles para exigir la restitución económica de los recursos públicos que habrían sido utilizados indebidamente, así como el inicio de un proceso disciplinario que podría culminar con la inhabilitación de Boluarte para ejercer cargos públicos.
La recomendación más grave sería la evaluación de «si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente», lo que podría activar un proceso constitucional para destituir a la mandataria.
Doble revés judicial
Paralelamente, el Poder Judicial habría asestado otro golpe a la defensa de Boluarte al rechazar su pedido para anular la denuncia constitucional relacionada con la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder).
El juez supremo Juan Carlos Checkley habría declarado infundada la tutela de derechos presentada por la presidenta y validado las pruebas que el Ministerio Público entregó al Congreso, fortaleciendo así el caso en su contra.
Este rechazo judicial sumaría un nuevo frente de presión sobre Boluarte, quien enfrentaría ahora múltiples investigaciones que podrían determinar no solo su permanencia en el cargo, sino también su futuro político y legal.