PolíticaCerrón intenta convertir tragedia de policía en estrategia para recuperar su libertad

El líder prófugo de Perú Libre ofrece operar gratis al suboficial herido, pero con una condición: que le quiten la orden de captura

Vladímir Cerrón, fundador de Perú Libre que permanece en la clandestinidad evadiendo una orden de prisión preventiva por organización criminal y lavado de activos, lanzó una propuesta que ha encendido la polémica nacional: realizar una cirugía gratuita al suboficial Roger Quispe Aranda, quien lucha por su vida tras caer desde el cuarto piso de una comisaría, pero solo si las autoridades judiciales modifican su estatus legal.

La oferta del neurocirujano convertido en político no tardó en generar rechazo. Lo que debió ser un gesto humanitario se transformó en una maniobra de presión mediática que coloca la salud de un joven agente de 25 años en el centro de un juego de intereses electorales, justo cuando Cerrón busca posicionarse para las Elecciones 2026.

El diagnóstico como arma política

Desde su escondite, Cerrón emitió a través de redes sociales un análisis médico del caso del suboficial Quispe, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico severo durante el cumplimiento de funciones en la comisaría de Pamplona Alta II. Según el líder de Perú Libre, el daño cerebral del policía puede revertirse mediante una plastia craneal y un intensivo programa de rehabilitación que podría extenderse hasta cinco años.

«No hay daño cerebral irreversible. Lo opero gratuitamente si cambian mi condición judicial», escribió Cerrón en sus publicaciones, dejando claro que su oferta médica viene atada a un intercambio político. Una declaración que resume la esencia de su estrategia: utilizar sus conocimientos como neurocirujano para forzar una negociación con el sistema de justicia.

El prófugo respaldó su propuesta con su trayectoria profesional: «He operado cientos de pacientes en situaciones extremadamente críticas. Este es uno de los casos parecido al del policía, con estallamiento de la bóveda craneal, que tuvo que ser operado cinco veces hace muchos años y ahora goza de una salud envidiable».

Incluso sugirió que, de no prosperar el tratamiento en Perú, el suboficial podría ser derivado al Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) en La Habana, Cuba, ampliando así el alcance de su oferta condicionada.

La respuesta del Estado: sin negociaciones

El gobierno no dejó pasar la oportunidad de desactivar lo que muchos interpretaron como un chantaje político disfrazado de altruismo médico. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, actuó con celeridad para dejar en claro que ningún agente policial necesita de las condiciones impuestas por un prófugo para recibir atención de calidad.

Por orden ministerial, el suboficial Quispe fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, donde un equipo especializado asumió su tratamiento. La Dirección de Sanidad Policial (Dirsapol) coordinó el traslado en ambulancia equipada y puso en marcha la gestión para adquirir la placa de titanio que el paciente requiere para su reconstrucción craneal.

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional (SaludPol) activó todos sus protocolos de atención urgente, incluyendo la posibilidad de articular con clínicas privadas si el caso lo amerita. El ministro Tiburcio también estableció comunicación directa con el padre del suboficial, asegurándole todo el respaldo institucional disponible.

Con estas acciones, el Ministerio del Interior envió un mensaje contundente: el Estado peruano garantiza la protección y el cuidado de sus efectivos sin necesidad de pactar con fugitivos de la justicia. La salud de los agentes del orden no está en venta ni sujeta a negociaciones políticas.

El origen de la tragedia: una orden que nunca debió darse

Mientras Cerrón intentaba capitalizar políticamente la desgracia del suboficial, la familia de Quispe Aranda señala directamente a la responsable de que su hijo esté postrado en una cama de hospital: la capitana Lisette Quispe, quien habría ordenado al joven policía realizar tareas de limpieza en instalaciones de la comisaría.

Esta orden contradice frontalmente las normas internas de la Policía Nacional del Perú. Jesús Poma, director del Instituto de Defensa Legal Policial, fue claro al respecto: las directivas institucionales prohíben expresamente asignar labores ajenas a la función policial, como trabajos de limpieza, mantenimiento doméstico o servicios personales.

«La orden impartida viola los protocolos establecidos. Existen sanciones administrativas y penales que deben aplicarse en estos casos. No podemos permitir que los superiores abusen de su autoridad poniendo en riesgo la vida de sus subordinados», declaró Poma, quien además criticó el silencio inicial de las autoridades policiales frente al caso.

La capitana acusada enfrenta ahora una denuncia penal por abuso de autoridad y lesiones graves. Actualmente se encuentra de vacaciones y ha evitado pronunciarse sobre los hechos, limitándose a señalar que el caso está bajo investigación. Nueve compañeros del suboficial herido descartaron que la caída haya sido intencional, reforzando la teoría de que Quispe Aranda se accidentó mientras cumplía una orden irregular.

La estrategia electoral detrás de la oferta médica

El movimiento de Cerrón no es ingenuo. Con aspiraciones presidenciales para 2026 y una imagen pública deteriorada por su condición de prófugo, el líder de Perú Libre busca desesperadamente recuperar espacios de legitimidad ante la opinión pública. Ofrecer sus servicios médicos a un policía herido en circunstancias dramáticas representa, en su cálculo político, una oportunidad de oro para aparecer como una figura humanitaria y necesaria.

Sin embargo, el condicionamiento explícito de su ayuda a cambios en su situación judicial desnuda la verdadera naturaleza de su propuesta: no se trata de un acto de solidaridad profesional, sino de una transacción donde la salud de un agente del Estado se convierte en moneda de cambio para beneficios personales.

Esta estrategia coloca a Cerrón en una posición éticamente cuestionable. Utilizar el sufrimiento de una familia peruana y la crítica situación de un servidor público para presionar al Poder Judicial constituye una instrumentalización del dolor ajeno con fines políticos.

La pregunta que resuena en el debate público es clara: ¿Puede permitirse que alguien que evade la justicia, que permanece oculto desafiando el orden legal, pretenda candidatear a la presidencia mientras condiciona actos de supuesta ayuda humanitaria a favores judiciales?

Un precedente peligroso

El caso abre una discusión más amplia sobre los límites éticos en la política peruana. Si la propuesta de Cerrón prosperara, se sentaría un precedente peligroso donde los prófugos de la justicia podrían negociar su situación legal ofreciendo servicios profesionales a cambio de clemencia judicial.

Este tipo de intercambios no solo socava la independencia del sistema de justicia, sino que degrada la profesión médica al convertir el ejercicio de la medicina en un instrumento de presión política. El juramento hipocrático obliga a los médicos a atender a los enfermos sin condicionamientos; Cerrón, en cambio, pone precio a su intervención profesional.

La rápida reacción del gobierno, asumiendo integralmente la atención del suboficial herido, evitó que esta situación se convirtiera en un caso de chantaje consumado. El Estado demostró que tiene los recursos y la voluntad para cuidar de sus agentes sin necesidad de recurrir a ofertas de fugitivos.

Para la familia del suboficial Quispe, la prioridad es clara: que su hijo reciba la mejor atención posible y que se haga justicia sancionando a quien dio la orden que lo puso en esa situación. No necesitan las condiciones de un político prófugo, necesitan que el Estado cumpla con su deber de proteger a quienes arriesgan su vida por el orden público.

La historia de Vladimir Cerrón intentando negociar su libertad con la salud de un policía quedará como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la desesperación política, y de cómo el oportunismo electoral no respeta ni siquiera las tragedias humanas.