Colegio de Abogados de Lima expone la «inconstitucionalidad» de la JNJ y los posibles delitos cometidos
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se pronunció enérgicamente sobre el bochornoso intento de Patricia Benavides de retomar por la fuerza el Ministerio Público el pasado lunes 16 de junio, tras la polémica y cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponerla en el cargo de fiscal de la Nación.
A través de un comunicado oficial 066-2025/CAL, el CAL criticó duramente la decisión de la JNJ y respaldó a Delia Espinoza, quien habría sido elegida legítimamente por la Junta de Fiscales Supremos para ejercer el cargo, mientras que Patricia Benavides habría protagonizado un espectáculo vergonzoso al intentar ingresar por la fuerza a una institución que ya no le correspondería dirigir.
El comunicado oficial que expone la usurpación
En el documento oficial, la Junta Directiva del CAL expresó su preocupación ante el anuncio de la JNJ «por reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a la Dra. Patricia Benavides, pues según lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política es competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos designar (y, por ende, remover) Fiscal de la Nación», exponiendo la flagrante violación constitucional que habría cometido tanto la JNJ como la propia Benavides.

CAL advierte sobre «usurpación de funciones»
El comunicado oficial del CAL fue categórico al advertir que «la decisión de la JNJ es inconstitucional e, incluso, pasible de la comisión de los delitos de abuso de autoridad y de usurpación de funciones, al haberse arrogado dicha institución la competencia de reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a la señora Liz Patricia Benavides Vargas».
Esta grave acusación del CAL deja en evidencia que Patricia Benavides no solo habría participado en una maniobra irregular, sino que habría sido cómplice de una posible usurpación de funciones que estaría tipificada como delito en el código penal.
El bochornoso intento de Patricia Benavides
Como se recuerda, Benavides habría protagonizado una escena bochornosa al acudir a la sede del Ministerio Público acompañada de policías civiles sin registrarse en la zona de seguridad de la institución, como si fuera dueña del lugar. Sin embargo, habría sido impedida de continuar con sus planes autoritarios debido a que los trabajadores de la entidad salieron en respaldo de Delia Espinoza, demostrando quién realmente tendría el respaldo institucional.
En horas de la noche, Espinoza habría realizado una vigilia junto a fiscales de la institución, aseverando que se estaría maquinando «un golpe en marcha contra la democracia», mientras Patricia Benavides habría quedado en evidencia como la protagonista de este intento antidemocrático.
«Crisis institucional innecesaria»
El CAL fue contundente en su comunicado oficial al señalar que «la decisión de la JNJ ha ocasionado una crisis institucional innecesaria en el seno del Ministerio Público, órgano constitucional encargado de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho».
Según el documento, esta crisis se habría agravado porque «el objetivo se ve mellado por la decisión de la JNJ al reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a una fiscal suprema restituida por ellos mismos, originando una duplicidad en la función constitucional encomendada», dejando claro que Patricia Benavides habría sido parte del problema y no de la solución.
CAL exhorta defender el fuero constitucional
El comunicado concluyó con una contundente exhortación: «el Colegio de Abogados de Lima exhorta a la Junta de Fiscales Supremos a defender su fuero constitucional, y a la Junta Nacional de Justicia a que cumpla con observar correctamente la Constitución y no obstaculizar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la Administración de Justicia».
Esta declaración del CAL deja en evidencia que tanto la JNJ como Patricia Benavides estarían obstaculizando la lucha contra la corrupción, precisamente lo opuesto a lo que deberían estar haciendo como operadores de justicia.
El documento oficial firmado por la Junta Directiva del CAL el 16 de junio de 2025, se convierte así en una pieza clave que expone la irregularidad constitucional y los posibles delitos cometidos en este bochornoso intento de Patricia Benavides por retomar el control del Ministerio Público.