Mandataria habría priorizado la inversión extranjera por encima del descontento ciudadano durante evento en Arequipa
La presidenta Dina Boluarte habría desmerecido el derecho constitucional a la protesta durante un evento realizado ayer en Arequipa. La mandataria habría argumentado que las manifestaciones ciudadanas ahuyentarían la inversión extranjera, priorizando así los intereses económicos por encima de las demandas sociales legítimas.
Durante la inauguración de la Planta de Energía Solar San Martín en el distrito de La Joya, Boluarte habría cuestionado abiertamente las protestas argumentando que si las empresas ven un país «dividido, desunido y violento» no buscarían invertir en el territorio nacional.
«Si nos ven como un país dividido, desunido, violento, que saca presidentes cada año porque a alguien no le cayó bien aquel presidente, ¿quién va a confiar en nosotros? ¿Qué empresas van a venir? No, se van a ir ahí donde hay posibilidades de invertir con seguridad», habría declarado la jefa de Estado.
La mandataria habría exhortado a respetar las instituciones y sus decisiones, sugiriendo que la estabilidad política sería más importante que el derecho ciudadano a manifestarse. «Más importante es la confianza que generamos como país para afuera. Si nos ven como un país unido que respeta sus instituciones… por eso, que nuestra democracia se afiance más y tengamos seguridad jurídica», habría agregado.
En un contexto electoral, Boluarte habría hecho un llamado polémico a no reemplazar a la autoridad que sea elegida salvo que realice actos de corrupción. «Que las próximas elecciones, presidente o presidenta que se elija deba de cumplir sus cinco años de periodo salvo que esté comprometido en actos de corrupción», habría referido.
BOLUARTE EVITARÍA ASUMIR RESPONSABILIDAD POR CRISIS SOCIAL
Estas declaraciones se habrían dado en medio de manifestaciones sociales lideradas por mineros que exigen ser formalizados. Pese a la crisis, la jefa de Estado habría evitado asumir responsabilidad y, en cambio, habría atribuido las protestas a una presunta manipulación política.
Durante su pronunciamiento, la mandataria habría pedido a los manifestantes no dejarse influenciar por dirigentes que —según habría sostenido— buscarían redirigir el malestar ciudadano con fines electorales.
«En este año electoral que comienza a tomar fuerza, es imperativo mencionar sobre los verdaderos intereses y necesidades de la patria y no de unos cuantos», habría expresado dirigiéndose a las organizaciones políticas.
Con estas declaraciones, la presidenta habría vuelto a marcar distancia frente a las demandas populares, sin reconocer las deficiencias de su gestión. «A quienes pretenden por allí ganar réditos liderando manifestaciones violentas, les decimos que esa no es la manera. Consigan la confianza de los electores con propuestas que beneficien al país y no con esperanzas falsas», habría expresado.
La mandataria habría priorizado la imagen internacional del país ante inversionistas extranjeros por encima del derecho ciudadano a la protesta, evidenciando una postura que privilegiaría los intereses económicos sobre las demandas sociales legítimas de la población.